La actual consejera de Exteriores de la Generalitat, Meritxell Serret, ha sido condenada por un delito de desobediencia a una multa de 12.000 euros y un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico, local o supranacional, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local.

Serret fue juzgada por desobediencia al Tribunal Constitucional durante su etapa como consejera del Govern que organizó el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Serret reclamó su absolución, afirmó ante el juez que cumplió el «mandato democrático» del Parlament y que organizar un referéndum no es delito. Mientras que la Fiscalía dio por probado que desobedeció pues hizo caso omiso a cinco requerimientos del Constitucional. El Ministerio Público pedía un año de inhabilitación, que es la pena que le ha impuesto el TSJC.

«La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho tribunal, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas, como tampoco no realizar ningún tipo de propuesta de nulidad de las mismas», afirma la sentencia.

Serret se entregó hace dos años al Supremo, que derivó su caso al TSJC. En un principio, huyó a Bruselas junto a Puigdemont, pero cambió su estrategia jurídica. Igual que Anna Gabriel.