La oficina judicial del Centro Penitenciario de El Dueso ha entrado en funcionamiento este mes, una puesta en marcha que está sirviendo para agilizar el trabajo en el partido judicial de Santoña, cuyos juzgados se encargarán ahora de la tramitación procesal ordinaria.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior en funciones, Paula Fernández, y el director general de Justicia, Pablo Ortiz, visitaron ayer, junto a responsables del centro penitenciario y la secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, María Socorro García Melón, la nueva oficina de notificaciones, que recibirá cada año unas 3.500 comunicaciones llegadas de órganos judiciales de todo el país y que están relacionadas con los procedimientos judiciales que afectan a los reclusos.

Fernández Viaña señaló que el Gobierno regional ha cumplido con uno de los compromisos que adquirió durante la legislatura, tendente a conseguir una organización judicial «más eficaz», y, en este ámbito. En esta línea, destacó la digitalización «plena» del sistema judicial y de todas las comunicaciones que llegan y salen de los juzgados cántabros, que ha incluido la centralización de los sistemas de grabación de los juicios.

La nueva oficina es un «paso importantísimo» para mejorar el trabajo judicial y ser «más eficaces y ágiles», subrayó la consejera, que puso en valor la colaboración y coordinación entre Cantabria y la Administración del Estado para poner en marcha este servicio.

El nuevo servicio desarrollará las tareas generales de práctica de diligencias judiciales como ejecución de notificaciones, y citaciones respecto de los internos. Asimismo, va a desarrollar actuaciones conducentes a la práctica de actos de auxilio judicial, actuaciones judiciales y comparecencias ante órganos judiciales a través del sistema de videoconferencia y la ejecución de mandamientos de libertad acordados por los órganos judiciales.

La oficina se ha puesto en marcha vía convenio entre el Gobierno autonómico y la Administración del Estado, firmado en septiembre de 2022, a través del cual la Consejería de Justicia ha invertido más de 70.000 euros en la dotación de medios personales y tecnológicos.

Por su parte, el Ministerio de Interior ha asumido los gastos para la dotación del mobiliario necesario y los mantenimientos de suministros, y el Ministerio de Justicia, además de aprobar la modificación de la plantilla orgánica, se ha encargado de la coordinación procesal ente la oficina y el resto de unidades judiciales. Asimismo, para su puesta en marcha se ha establecido un protocolo de actuación que regula el trabajo procesal y técnico de la oficina. Este modelo de oficina ya funciona en otras comunidades autónomas como Madrid, Aragón o Navarra.