La directiva de la Unión Europea (UE) referente a procedimientos en materia de asilo sigue vigente en el Reino Unido y, por tanto, la deportación a Ruanda de inmigrantes a fin de que la administración del país africano trámite y evalúe sus casos sería una práctica ilegal.

Esta rompedora hipótesis defendió el representante legal de un refugiado iraquí, Richard Drabble, en la sesión final del juicio de apelación interpuesto ante el Tribunal Supremo británico por el Gobierno de Rishi Sunak en defensa de su polémica política de exportar a Kigali a extranjeros que entren en la isla por vías clandestinas, en especial, en botes a través del Canal de la Mancha.

Lord Robert Reed, presidente del tribunal y del panel de cinco jueces que atiende el recurso, advirtió de inmediato que una interpretación positiva del alegato del abogado Drabble, atestaría un «golpe decisivo» al ‘plan Ruanda’. «Afectaría a miles de inmigrantes», reconoció el letrado.

La norma comunitaria, según explicó, dicta que un solicitante de asilo únicamente puede ser trasladado a un tercer Estado seguro con el que guarde alguna conexión. Ninguno de los diez individuos involucrados en el proceso legal -originarios de Irán, Sudán, Siria, Vietnam e Irak- tienen lazos con Ruanda, según sus representantes.

Una victoria del refugiado iraquí derribaría el pilar de la estrategia política acordada por sucesivos gobiernos conservadores para reducir el coste de la inmigración irregular y retomar el control de las fronteras en el postBrexit.

La Corte Europea de Derechos Humanos frenó el primer vuelo con destino a Kigali, en junio de 2022, y la asociación con la UE podría asegurar que ninguna remesa de refugiados sea forzada a subir a bordo antes de que se evalúen sus casos en Reino Unido.

Correspondió al experto en Derecho comunitario, David Pannick, quien contribuyó a la derrota del Gobierno en causas en torno al Brexit, rebatir la posición de Drabble. Rechazó los argumentos de que el Parlamento de Westminster no pretendió «derogar todo el corpus de derechos de asilo» cuando aprobó la Ley de la Retirada de la Unión Europea de 2018 y la posterior legislación en Inmigración y Coordinación de la Seguridad Social, de 2020. Calificó de «insostenible» la perspectiva de su opuesto, que basó gran parte de sus argumentos en la limitada interpretación de migración como libertad de movimiento.

La nueva ley de Migración Ilegal, ratificada en julio, obliga a la titular de Interior a detener y expulsar del Reino Unido a refugiados clasificados «inadmisibles» debido a su entrada irregular en el Reino Unido. El año anterior firmó un acuerdo con Ruanda –que incluye un «fuerte incentivo financiero» para el Gobierno de Kigali en torno a los 150 millones de euros iniciales- cuya implementación chocó en junio con el fallo mayoritario del Tribunal de Apelación, que no lo consideró un lugar seguro para enviar solicitantes de asilo.

El Gobierno conservador ganó la primera querella en la Corte divisional en diciembre de 2022 y confía en ratificar el triunfo en el Supremo. La sentencia de la máxima instancia judicial se espera en los próximos dos meses, según adelantó su presidente, el lord juez Reed, al cierre de las vistas públicas en su sede de Westminster.