Los vecinos que residen en las VPO (Viviendas de Protección Oficial) del Primero de Mayo han recurrido la sentencia que avala a la promotora y desestima la demanda que interpusieron contra ella. En ese primer escrito (presentado en 2021), los afectados reclamaban la «nulidad» de una de las cláusulas del contrato de arrendamiento con opción de compra que suscribieron con la empresa y por la que los vecinos se enfrentaron a «precios abusivos». En el momento de la firma, la entidad les aseguró que el precio de cada piso «rondaría los 100.000 euros» (a expensas de subidas de IPC y otros indicadores), pero cuando ejercieron el derecho a compra, esa cifra inicial se elevó a «más de 230.000 euros», protestaron los afectados hace casi dos años. Ahí comenzó la odisea en los tribunales.

No obstante, el Juzgado de Primera Instancia de Santander no tuvo en cuenta sus pretensiones al considerar, entre otros puntos, que la entidad estaba «obligada» a fijar ese precio y que la cláusula que recogía los criterios para determinarlo era, además, transparente. El tribunal descarta así también el argumento defendido por los vecinos en el que alegaban que la promotora se había amparado en lo que consideraron una «redacción confusa y poco transparente» que convierte a la disposición, añade, en «manifiestamente abusiva».

Ahora, los argumentos de la resolución «no han convencido» al equipo jurídico que representa a los vecinos, Gordaliza Abogados, y por eso la semana pasada el despacho presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria (AP) para solicitar al juzgado que revoque la sentencia y estime las pretensiones de los vecinos ya recogidas en la demanda. Y, para conseguir ese objetivo, fundamenta su petición en varios aspectos. Así, en un escrito trasladado por los abogados, defienden que, por un lado, «no es cierto que la entidad estuviera obligada a fijar ese precio» ni ninguno en particular. Únicamente se establece un límite máximo que «deberá ser respetado» por lo que -argumentan en el recurso- «la promotora tiene absoluta libertad para establecer el que considere oportuno».

Tampoco comparten lo que indica la sentencia sobre la transparencia del texto que ha provocado la disputa entre los vecinos y la empresa. Los abogados consideran que hay «mala fe» en su redacción y que se buscaba «generar confusión» entre los vecinos al confundir el precio de venta con el máximo legal. En todo caso, además, se trataba de un precio que «se sitúa incluso por encima del de la vivienda libre» una situación que constituye una «flagrante vulneración del espíritu» en el que se basa la construcción de viviendas de protección, valoran.

El abogado que representa a los vecinos vio en los tribunales la única «vía posible, tras la negativa de la promotora a negociar y el abandono a su suerte por parte del Gobierno de Cantabria de los intereses de aquellos que lo único que pretenden es el cumplimiento de lo que en su día se les ofreció», explicó en el momento de presentarla. Y es que antes de decantarse por esa opción, los propios vecinos agotaron varias balas. Por un lado, trataron de llegar a un acuerdo con la promotora y, por otro, pidieron a la Consejería competente en materia de vivienda que intercediera entre ambos. Pero ninguna de las dos opciones llegó a buen puerto. La entidad no cedió en sus pretensiones y la que entonces era la responsable regional de Vivienda, Ana Belén Álvarez, dijo estar «con las m anos atadas». Así que el problema llegó a manos de un despacho de abogados que considera que la empresa promotora detrás de las viviendas del Primero de Mayo pretende «saltarse los compromisos asumidos» y obtener un rendimiento económico «que supera, con mucho, aquello que con tanto alarde de medios fue públicamente promocionado y difundido».