El PSOE y Sumar negociaban este martes contrarreloj, y entre discrepancias, el alcance que tendrá la prórroga del ‘escudo social’ diseñado en origen para combatir los efectos de la inflación y la crisis agravada por la guerra de Ucrania. El texto será aprobado este miércoles en el último Consejo de Ministros del año. Los socialistas llevan días advirtiendo de que ha llegado el momento de ir retirando los estímulos a la economía y esgrimen que es la propia Unión Europea la que apunta en esa dirección. El socio minoritario exige mayor «ambición». Pero quien ya se ha colgado una medalla es EH-Bildu.

Pedro Sánchez ha dejado claro con sus declaraciones públicas, además de con sus actos, que está decidido a culminar en esta legislatura la normalización acelerada de la izquierda abertzale y eso permite al partido de Arnaldo Otegi, electoralmente cada vez más fuerte, competir con el PNV en influencia en las decisiones del Ejecutivo central. El último logro del que ya presume es la continuidad hasta 2025 de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional que se incluirá en el citado decreto anticrisis.

La medida fue anunciada por el grupo independentista vasco mientras los departamentos que dirigen María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, y Yolanda Díaz, vicepresidenta primera, ministra de Trabajo y líder de Sumar, mantenían aún un tira y afloja en torno a asuntos como a quién debe extenderse la gratuidad del transporte público o si han de modificarse los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas.

Sánchez anunció en el debate de investidura que las ayudas a la movilidad se mantendrían solo para jóvenes y niños y para personas desempleadas, pero el socio minoritario del Ejecutivo es partidario de que sea, como hasta ahora, universal. También pretende que las exacciones a las entidades financieras y las empresas energéticas –aprobadas hace un año al margen del ‘escudo social’– se mantengan tal y como están, a pesar de que el presidente ya ha lanzado señales de que ve preferible rebajarlos para impulsar la inversión y el crédito.

No es, en todo caso, la primera vez que Bildu puede reivindicar como suyas algunas de las medidas sociales del Gobierno. En 2022 consiguió un aumento del 15% de las pensiones no contributivas como contrapartida a su decisión de no bloquear el proyecto de ley de promoción de los planes públicos de pensiones. También se anotó la prórroga del tope del 2% para las actualizaciones del alquiler, luego incluida en la ley de vivienda (que fijó el 3% para el año próximo). Es, de hecho, su estrategia de priorizar en este momento los asuntos sociales sobre los identitarios lo que ha ido allanando su relación con los socialistas, que el jueves los auparán a la Alcaldía de Pamplona con una moción de censura contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola.

El PSOE insiste, aun así, en que en el País Vasco su relación preferente sigue siendo con el PNV, que –con la vista también puesta en los comicios previstos para el primer semestre de 2024– este martes movió ficha, pero de otro modo y con otra orientación. Los nacionalistas registraron una proposición de ley en el Congreso que insta al Gobierno a permitir que sean las comunidades autónomas las que adjudiquen directamente los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) regionales. «Existe un riesgo evidente de que se queden fondos sin ejecutar si la fórmula de gobernanza no varía», señalaron.

Los socialistas están obligados a mimar por igual a ambos partidos porque ambos le son igual de necesarios para la gobernabiliad, lo mismo que las fuerzas independentistas catalanas, Junts y ERC. El PP ha hecho de esa dependencia y de las cesiones realizadas por Sánchez para lograr la investidura, entre ellas, la ley de amnistía, su principal arma de oposición, y el lunes creyó ver en el discurso pronunciado por el Rey en Nochebuena un aval que el PSOE, en cambio, niega.

El portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, adujó en una entrevista en RNE que es un «error político» querer «apropiarse» de las palabras del monarca y aseguró que su partido se siente representado en el mensaje de que no hay democracia ni convivencia al margen de la Constitución, que es preciso mantener el respeto entre instituciones y de que es el deber moral de todos evitar que se instale la discordia entre los españoles. «Creo que tiene el objetivo de serenar los ánimos, estimular la convivencia y huir de la polarización y la radicalidad en algunos de los debates», defendió.