La posible condena de Laura Borràs por corrupción, si se produce, puede tener consecuencias políticas en varios frentes. Primero, en el rumbo de Junts. Y segundo, en la presidencia del Parlament, que podría recaer en un dirigente del PSC por segunda vez desde la recuperación de la democracia. Joan Reventós desempeñó el cargo entre 1995 y 1999.

Si la presidenta de Junts es declarada culpable por prevaricación y falsedad documental, será inhabilitada. Ahora está suspendida como diputada y apartada de la dirección del Parlament. De forma cautelar. Con una condena, perderá el escaño y su cargo al frente de la Cámara catalana.

El Parlament deberá afrontar una nueva investidura. Junts reclama ese sillón. Cree que le corresponde en sustitución de Borràs, pero la situación hoy es muy diferente de la que había hace dos años en Cataluña, cuando la presidenta postconvergente fue investida con los votos de su partido y de ERC y la abstención de la CUP. Esquerra y Junts firmaron un pacto de legislatura, que en esencia era un intercambio de cromos. Los junteros apoyaron la investidura de Aragonès, a cambio de que los republicanos votaran la elección de Borràs.

La diferencia con el presente es que Junts ya no forma parte del Govern. Decidió salirse y el pacto de legislatura saltó por los aires. Ya no hay alianza independentista. Aragonès tuvo que buscarse nuevos socios para aprobar los Presupuestos de la Generalitat y llamó las puertas del PSC y los comunes, con los que cerró un acuerdo.

El presidente de la Generalitat dio este viernes por muerto el pacto suscrito con Junts, que daba a los de Puigdemont la presidencia del Parlament. Tras la ruptura del Govern, ERC, que gobierna en solitario, se siente con las manos libres para maniobrar buscando alianzas con independentistas y no soberanistas. La investidura de un nuevo presidente del Parlament, llegado el caso, deberá negociarse desde cero.

El PSC, como fuerza ganadora de las elecciones autonómicas, reivindica esa presidencia. De momento, con la boca pequeña, pues Borràs aún no ha sido condenada y hay que guardar las formas. Los socialistas no descartaron este viernes postularse para presidir la Cámara catalana. En la investidura de Borràs, el PSC presentó una candidatura alternativa, la de Eva Granados, que quedó segunda en votos.

La votación de un nuevo presidente del Parlament en medio de la legislatura y cuando el panorama político en Cataluña ha girado 180 grados es una patata caliente para todos, dado que se la pueden encontrar de lleno en plena precampaña para las municipales, si se cumplen los plazos de 30 días o mes y medio que apuntan fuentes judiciales para la sentencia del ‘caso Borràs’. La expresidenta del Parlament recurriría una eventual condena, y por tanto la inhabilitación no sería firme hasta que la ratificara el Tribunal Supremo, por lo que podrían tener más margen.

Si los independentistas no se ponen de acuerdo, estarán sirviendo en bandeja la elección del candidato socialista, pues gana el que más votos obtenga (no hace falta mayoría absoluta) y el PSC podría contar al menos con los de los comunes a diferencia de Junts, que solo tendría los suyos propios.

Los socialistas, desde su posición cada vez más decisiva en el reparto del poder en Cataluña, se abren a negociar la elección del cargo, que para Aragonès puede suponer una oportunidad para rehacer puentes hoy dinamitados entre los secesionistas. El dirigente republicano quiere cerrar un acuerdo de claridad con los grupos soberanistas sobre su propuesta de referéndum para trasladársela a Pedro Sánchez, pero ni Junts ni la CUP le compran la idea. Los votos para la investidura de un candidato de Junts podría desencallar el asunto.