Un buque semihundido a 90 millas de la costa de Lugo, 1.800 kilogramos de droga intervenidos, nueve detenidos y un gran interrogante sin resolver: qué fue del resto de la carga sospechosa que supuestamente transportaba, al menos 66 fardos con otras dos toneladas de cocaína, que no ha aparecido. Ello después de que el Estado destinara 760.000 euros para reflotar este barco nodriza de 52 metros de eslora en el puerto de Gijón.

La sombra del Nehir proyecta sobre la Audiencia Nacional, que desde el próximo miércoles juzga a ocho marineros y su capitán, de nacionalidades turca y georgiana, detenidos en febrero de 2021 en una operación internacional contra el narcotráfico. La Fiscalía Antidroga solicita para ellos penas que suman 99 años de cárcel por transportar un cargamento de cocaína desde Sudamérica hasta Europa pasando por Mauritania. Les fueron aprehendidas 1,8 toneladas valorada en 76 millones de euros en el mercado ilícito.

Sin embargo, el paradero del resto del alijo continúa siendo una incógnita. Serán cruciales los testimonios de los procesados en el juicio para decidir si se abre una pieza separada para investigar si esa droga fue robada del interior del barco, que permaneció hundido en el puerto gijonés de El Musel durante dos años, o determinar que quizá nunca existió, según comentan fuentes de Antidroga.

El capitán turco Akca Oghuzan, de 29 años, ha mantenido desde su detención que el buque albergaba 66 fardos más, que estarían ocultos en el pañol del contramaestre de proa. Por este motivo, la Fiscalía espera que su declaración aclare este interrogante. Tras pasar dos años en prisión preventiva, los once años que le reclaman por un delito agravado contra la salud pública será una buena carta para la estrategia de la acusación pública, que solicita esa misma pena para cada uno de los ocho marineros, además de una multa conjunta que asciende a 300 millones de euros.

El juicio se celebrará apenas dos semanas después de que el buque fuera reflotado e inspeccionado por los efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional. No localizaron las dos toneladas de cocaína, por lo que el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional acordó su traslado al desguace.

La complicada maniobra de reflotamiento y desmantelamiento del buque, con bandera de Palaos, fue realizada por una empresa contratada por la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA), perteneciente al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros aprobó de urgencia en febrero una partida de 760.000 euros con el objetivo de retirar el combustible que tenía en los tanques y que suponían un grave riesgo medioambiental.

La ‘operación Bocanegra’ estalló en febrero de 2021. Informes de inteligencia internacional, a cargo de la Dirección Antinarcóticos de Colombia, llegaron a la mesa del comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía y se activó el dispositivo de seguimiento. Amparados por la Fiscalía Antidroga, se trabajó directamente en el abordaje ante la certeza de que transportaba una gran cantidad de droga para su trasvase a otra embarcación y su posterior distribución en algún país europeo sin determinar.

Se verificaron de forma previa diversas «irregularidades» en la navegación del barco, tales como que la última transmisión fue el 15 de enero de 2021 en el puerto de Nouadhibou (Mauritania), al que había llegado el día antes, o que el día 21 cambió de bandera y de número de identificación del servicio móvil marítimo para pasar desapercibido, según recoge el escrito de acusación.

El juzgado autorizó el abordaje el 20 de febrero de 2021. Se activó al patrullero de altura de la Armada Española Serviola. A las 7:36 horas del día 22, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía accedieron al Nehir, que «navegaba con el sistema de identificación automático desconectado y con todas las luces apagadas, incluidas las reglamentarias de navegación».

El capitán admitió que en el habitáculo situado en el castillo de proa se encontraba gran cantidad de sustancia estupefaciente, extremo que fue confirmado por el resto de la tripulación. Fueron intervenidos 92 bultos que contenían 1.834 paquetes tipo ladrillo, con un peso total de 1.837 kilogramos y una pureza que oscilaba entre el 76% y el 82%.

«No se descarta la presencia de más sustancia estupefaciente, que no pudo ser aprehendida, al tener que abandonar la unidad policial actuante el buque por su inminente hundimiento, propiciado por el hecho de que alguien de la tripulación abrió en el castillo de popa varias vías de agua para provocar su inmersión y la consecutiva destrucción de pruebas», abunda el fiscal Carlos Jiménez en su escrito. La embarcación quedó semihundida con la quilla al sol, «con el consiguiente peligro para la navegación de la zona», lo que determinó que fuera remolcado hasta el puerto de Gijón el 6 de marzo de 2021.

Casi once meses después, el 30 de enero de 2022, a 30 kilómetros por carretera del puerto y 14 por mar, en la playa de Llumeres, la UCO de la Guardia Civil identificó a once vecinos de Vizcaya a los que seguía. Primero, en el mirador sobre el arenal, junto a un coche con remolque para embarcaciones. Luego, en la playa, con una lancha de tres metros de eslora, equipos de buceo y propulsores marítimos.

No era casual la presencia de estos hombres ni de su presunto cabecilla, Ibon A. M., alias Cristalero, de 38 años y detenido en 2011 en Rumanía gracias a una información de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, por un alijo de 150 kilos de cocaína enviado en barco desde Bolivia. Tenían como objetivo llegar hasta la bodega del Nahir y llevarse los fardos que reveló el capitán turco, pero no pudieron. Queda por saber si alguien lo hizo.