«Vendían humo; era una simulación y una ficción». Así de gráfico resume el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el procesamiento de los siete presuntos miembros de una trama criminal que, a través de la plataforma Arbistar de comercialización de criptomonedas, defraudó entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 a 32.000 inversores por una cantidad superior a los 92 millones de euros.

En su auto de 22 páginas, el magistrado propone juzgar al líder de la trama Santiago Fuentes Jover y a otras seis personas por delitos de organización criminal y estafa y les impone el pago de una fianza solidaria con la que hacer frente a una eventual condena de 123 millones de euros. La cantidad presuntamente defrauda más un tercio que establece la ley.

Calama explica en su resolución cómo a través de la web de Arbistar los procesados comercializaban el uso de determinados programas automáticos de inversión llamados Community Bot, que bajo eslóganes como «con este sistema siempre se gana» y «ganar es la única opción» garantizaba a los inversores unas ganancias entre un 8% y un 15% mensual. El único requisito de que en dos meses no podrían retirar su dinero.

Estos programas automáticos (bots), continúa el juez, supuestamente tenían como fundamento un software que aplicaba un algoritmo de inteligencia artificial, con el cual se garantizaba la obtención de pingües beneficios. «Sin embargo, dicho algoritmo nunca existió y, por tanto, únicamente se vendía humo», subraya Calama.

De esta manera, Arbistar ofertaba una inversión asegurando la obtención de una rentabilidad al haber desarrollado un robot que realiza automáticamente arbitraje con criptomonedas. El inversor, tras instalar este software en el ordenador personal, tan solo debía esperar a recibir abundantes ganancias y que eran abonadas semanalmente, siempre los sábados, con opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o podían optar por el reembolso. Sin embargo, reitera el juez, «dicho programa automatizado nunca existió, basándose la oferta de negocio en una ficción».

Calama explica que la trama usó una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión «era segura y muy rentable». «Este esquema tipo piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas al ver los grandes beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores«. Además, Arbistar ofertaba también un »plan amigo« a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes obtenían una importante compensación.

Los tres pilares de la compañía eran una red comercial activa y motivada por los incentivos económicos, un aparato de publicidad eficaz y presencia en las redes sociales. El éxito del negocio generó la imagen que cualquier burbuja especulativa precisa, la percepción de que el inversor siempre gana, y que las ganancias de la inversión siguen creciendo, lo que se convirtió en la mejor publicidad del producto.

Otra de las estrategias de captación utilizados por los procesados, explica el auto, fue la celebración de actos públicos en hoteles y salas de congresos con los que promocionarse y conseguir nuevos inversores, como el celebrado en Málaga el 27 de mayo de 2019 retrasmitido en el canal de Youtube de Arbistar.

Con todo, dice el juez Calama, Arbistar se mantenía por los flujos de tesorería que se recibían gracias al incremento de los contratos, ya fueran renovaciones de clientes fieles ya fueran nuevos inversores. El dinero de los inversores permitía saldar las deudas con ellos contraídas, y era una partida en crecimiento sostenido, el indicador esencial del colapso anunciado. «El negocio, pues, no es ya que careciera de racionalidad económica, sino que no existía, era una mera simulación», subraya el instructor.

Una vez recibido el dinero de los inversores, indica, Arbistar no destinaba el dinero recibido a inversiones con las que generar beneficios y satisfacer sus obligaciones, sino que inmediatamente canalizaba todo el capital a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo.

El auto cuantifica en torno a los 32.000 el número de perjudicados, de los cuales han quedado individualizados cerca de 5.000, y valora en más de 92 millones de euros el total de la cantidad defraudada. Señala que 55 de los perjudicados los fueron en una suma superior a los 50.000 euros cada uno, y otros 17 en 250.000 euros.

Para el juez, el relato de hechos demuestra la existencia de un entramado criminal constituido en torno a la figura de Santiago Fuentes y de la que el resto de los procesados formaba parte ejecutando distintas tareas operativas. Estos acusados son Diego Felipe Fernández, Viktor Alexandre Walter, Álex Castro, Iván Grima, Léster Zarabozo y Laura Concetta. Otros cuatro investigados no han sido procesados por falta de indicios, pero siguen imputados por supuesto blanqueo de capitales en una pieza separada.