La jueza del Juzgado de Instrucción Número de Castro Urdiales, Laura Elguero, ha acordado el ingreso en prisión provisional de dos de los nueve detenidos en una operación que se está desarrollando en Cantabria, Vizcaya y Segovia y que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y comercio ilícito de vehículos.

En el marco de la operación denominada ‘Bizcast’, la Guardia Civil ha practicado hasta el momento doce entradas y registros en las provincias de Vizcaya, Cantabria y Segovia.

Según la información a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, una vez que la instructora levantó ayer el secreto de sumario, esta organización tenía como fin el cultivo de cannabis sativa al por mayor y distribución de sustancia tóxica que sería traída desde el extranjero hasta España (Bilbao-Castro Urdiales). Además, los investigadores han comprobado el «elevado poder adquisitivo del que disponen los encausados», a quienes los agentes han observado durante los seguimientos llevar a cabo frecuentes desplazamientos a municipios de la geografía nacional, efectuando gastos de elevada consideración en establecimientos hosteleros, alquiler de vehículos de alta gama y ocio nocturno.

Esta organización, en otro nivel distinto, estaría procediendo a la introducción de vehículos de alta gama desde otros países (fundamentalmente Italia) hacia España, procediendo a la compra en tales países de dicho vehículos de «procedencia ilícita» para su posterior venta en territorio nacional de forma «fraudulenta» tras modificarles el número de bastidor y/o documentación.

Tras la adopción de medidas de intervención secretas, el pasado 6 de octubre se produjeron varias entradas y registros en los domicilios de los principales investigados. En el caso de uno de ellos, que está en prisión provisional, los agentes pudieron incautar dinero en efectivo, droga (pendiente de valorar), tanto cannabis como cocaína, algo más de cien gramos de metanfetaminas y 150 gramos de cafeína. Además, se hallaron varios teléfonos, multitud de sustancias de corte, y elaboración, varias balanzas y placas de matrícula, precursores... Accesorios todos ellos que, según la Benemérita, evidencian las existencia de un ‘laboratorio de droga’. Incluso en uno de los vehículos utilizados por uno de los investigados, los agentes encontraron un doble fondo, «presumiblemente para esconder sustancias ilícitas o documentos comprometidos».

De la averiguación patrimonial de uno de los principales investigados se desprende que mantiene el control de una serie de sociedades que se detectan para la adquisición de inmuebles «con capital de procedencia ilegal» o para «blanquear» el producto de sus ganancias con una actividad real (la de restauración) en la que, sin embargo, no se observan pagos a los empleados, solamente a dos de ellos y en pequeña cantidad, «por lo que posiblemente estos pagos se llevan a cabo con dinero en efectivo adquirido de forma ajena a la actividad, es decir, del dinero procedente de los ilícitos investigados».