El transporte público y el autobús están llamados a jugar un papel clave en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la economía española. La movilidad es el segundo sector de actividad que más debe reducir sus emisiones, sólo por detrás de la generación energética. Según datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en línea además con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, la demanda del autobús debe crecer un 38% entre 2025 y 2030, y el coche privado reducir cuota un 12%. Para lograr este objetivo, los transportes públicos tienen que ser mucho más atractivos, con una oferta mejorada e intermodal.

Entre otros importantes aspectos, el proyecto de ley contempla la necesidad de abordar un nuevo mapa de las líneas y servicios públicos regulares de autobús a nivel estatal. El nuevo mapa debe ser un elemento fundamental para modernizar y adaptar el transporte público a los nuevos retos de la movilidad y a las necesidades de las personas. Es un trabajo que debe abordarse en coordinación con las comunidades autónomas, asegurando una red de transportes públicos integrada, con una capilaridad y calidad de oferta todavía mayor a la actual y con mecanismos de financiación adecuada del coste de los servicios.

Durante el periodo transitorio entre la aprobación de la ley y la implantación efectiva del nuevo mapa, los servicios tienen que continuar y el marco regulatorio dispone de instrumentos para asegurar su prestación con garantías hasta su renovación definitiva. Abogamos por atender mediante contratos transitorios de emergencia o imposiciones de servicio público (Reglamento UE 1370/2007) los casos de servicios abandonados o inviables de continuar hasta clarificar el modelo definitivo.

Para nuestro sector, delimitar un marco legal que dé seguridad jurídica y regulatoria al proceso de modernización del sistema concesional resulta imprescindible. Creemos en el futuro del transporte público y en la continuidad del sistema concesional español como la mejor forma de garantizarlo.

El primer año de la presente legislatura será crucial, ya que lo que no se planifique ahora no dará tiempo a ejecutarse más adelante. La tramitación de la nueva ley es una gran ocasión para que desde el Ministerio de Transportes se despliegue el paquete de medidas necesario para culminar la transformación de la movilidad en España, continuando lo iniciado en la legislatura anterior.

Es necesario definir e implantar los nuevos mapas de movilidad dentro de esta legislatura, definiendo las obligaciones de servicio público, asegurar su financiación y proceder a su contratación. El nuevo mapa debe contar con el mayor consenso social e institucional posible, como quedó de manifiesto en la reciente jornada organizada por la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) en el Congreso de los Diputados.

La gestión indirecta mediante contratos y autorizaciones de gestión de servicio público es la mejor opción para asegurar el derecho a la movilidad de las personas y el empleo de calidad en nuestro sector, por lo que desde Alsa estamos en contra de la precarización de la movilidad que traería la desregulación. Los mecanismos de contratación pública basados en criterios de calidad y servicio permiten asegurar precios más bajos y una oferta mucho mayor frente a la alternativa de la desregulación.

También defendemos la necesidad de un plan urgente de inversiones en infraestructuras de transporte en autobús, priorizando los carriles de uso exclusivo, las estaciones y la intermodalidad, ampliando además la dotación en los Presupuestos Generales del Estado para hacer estructurales las ayudas al transporte público, como cuarta columna del Estado del bienestar.

Creemos que es el momento de aprovechar la oportunidad que supone la nueva ley para conseguir una verdadera transformación y modernización de la movilidad en nuestro país para las próximas décadas.