Un total de 131 afiliados del PP de Laredo han expresado su «indignación» con la actual situación del partido en la villa pejina y han reclamado a la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, la convocatoria urgente del Congreso Local pendiente según los Estatutos. A través de un comunicado reclaman «democracia» a la líder cántabra del PP, a quien recuerdan que el pasado 19 de enero ya le remitieron un escrito con sus reivindicaciones.

«Ante la falta de respuesta oficial, no nos quedará más remedio que acudir a los tribunales de justicia, tanto civiles como penales, en defensa de nuestros derechos», advierten. Entre los afiliados se encuentran militantes históricos como el ex alcalde Ángel Vega, así como antiguos ediles como Laura Recio, Benito Ortiz o Ramón San Julián. Todos ellos quedaron apartados de la dirección del partido antes de las elecciones de 2019.

En estos momentos la dirección regional aún no ha confirmado quién liderará las listas de Laredo para los comicios convocados para el próximo mes de mayo. Durante las últimas semanas se han sucedido todo tipo de movimientos con el objetivo de fraguar una integración que, a la vista del escrito, parece no haberse alcanzado.

Desde la dirección regional del Partido han explicado a este periódico que «los estatutos permiten un margen de discrecionalidad para retrasar la celebración de las asambleas locales, circunstancias entre las que se incluye el periodo electoral».

Los afiliados que rubrican la nota también enviaron un burofax al presidente nacional del PP, Alberto Nuñez Feijoo, el pasado 23 de enero, para informarle de su situación. «No podemos ni debemos confundir democracia con conflicto, tal como al parecer hace nuestra presidenta autonómica», le indicaron. En dicha comunicación criticaron que Buruaga negase la existencia de un conflicto «pese a lo injusto de la decisión tomada en su día por el Comité Ejecutivo autonómico, cargándose la Junta Directiva anterior», señalan.

Los firmantes del escrito informan asimismo de «la voluntad de acudir a cuantos medios en derecho procedan en defensa de los intereses de los afiliados y del cumplimiento de los Estatutos Nacionales y la Ley de Partidos Políticos». En este sentido, consideran que «no es de recibo» el argumento que les dan desde la sede regional de que «no nos dejan» convocar dicho congreso. «Ello implicaría involucrar a la dirección nacional del partido en una situación manifiestamente ilegal», concluyen.