El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública de Hacienda, Lidia Sánchez, han firmado este martes con representantes de las asociaciones judiciales y fiscales un acuerdo que el Gobierno considera «histórico», con mejoras retributivas de 447 euros de media en 12 pagas y la ampliación de la plantilla para ambas carreras, entre otras medidas, que repercutirán positivamente en el Servicio Público de Justicia.

El acuerdo de la mesa de retribuciones supone el aumento de efectivos, con 100 nuevas plazas en 2023 y 100 más en 2024, lo que supone unos 10 millones de coste añadido. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas por el Ministerio de Justicia para cada uno de estos ejercicios. En total, por tanto, serán 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024. Además, el documento rubricado este martes tras dos semanas de negociación contempla que las asociaciones y los ministerios de Justicia y Hacienda establezcan un nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado.

Con este objetivo, se constituirán grupos de trabajo permanentes que se reunirán cada tres meses, así como una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, y en cuyo seno se resolverán cuantas dudas e interpretaciones puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo firmado este martes en su período de vigencia, según recalca Justicia en un comunicado.

En cuanto a la mesa de retribuciones, se convocará con carácter anual para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos. La próxima cita se prevé en mayo de 2024.

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La firma llegar después de que el pasado jueves todas las asociaciones -salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- aceptara la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal -supone recuperar un 7% de poder adquisitivo del 22% perdido en dos décadas- y evitar, de esta manera, el comienzo de la huelga indefinida prevista para el pasado el lunes día 22.

El viernes, la APM, mayoritaria en la carrera y de corte conservador, se desmarcó oficialmente del pacto y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable», con duras críticas hacia sus compañeros, aunque no precisó si se plantea ir a huelga en solitario. Avanzó, eso sí, que estaría en los grupos de trabajo que se pongan en marcha a partir de ahora para debatir entre otras cuestiones las guardias o los días libres.

El anuncio del acuerdo supone un alivio para el Gobierno, que ya solventó la conflictividad con los Letrados de la Administración Judicial (LAJ) a finales de marzo, tras dos meses de huelga indefinida. En ese caso aprobó unos 22 millones de euros en mejoras salariales a los 4.300 LAJ y ahora la suma se eleva con los 8.800 jueces y fiscales en activo a 46,7 millones. En total, más de 66 millones para conseguir la paz laboral con estos tres grupos.

Sin embargo, falta por responder a las demandas de un cuarto grupo, los funcionarios del propio ministerio adscritos a juzgados y tribunales de todo el país, unos 45.000. Llevan en paro indefinido desde ayer lunes y piden una oferta salarial para empezar a negociar. Los sindicatos reclaman entre 350 y 430 euros brutos al mes (supondría unos 190 millones en total) y su participación en los debates de la futura ley de eficiencia organizativa. El paro, según los convocantes, lo han secundado este martes más del 80% de los integrantes de los cuerpos generales (tramitadores, gestores procesales y auxiliares) mientras que Justicia rebaja la cifra a menos del 20%