La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite un recurso contra la resolución que, hace un año, emitió la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio alrededor de uno de los proyectos más sonados de los últimos años en Torrelavega: el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas. La iniciativa, presentada por el principal colectivo contrario al desarrollo industrial de este suelo, la Asamblea en defensa de Las Excavadas, ha comunicado la noticia este jueves, en una misiva en la que recuerdan su oposición la «caducidad» y la «nulidad» de estos planes, impulsados tanto por el Ayuntamiento como, sobre todo, la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria. «Lo más grave es que tengamos que acudir a los juzgados para que la Administración cumpla la Ley», claman desde la agrupación, que tilda el documento al que se refiere su recurso de «fraude», por negar hechos, dicen, «tan objetivos y poco discutibles como un plazo de tramitación»,

Esa es la razón de ser de este recurso. La Asamblea pidió al Gobierno regional dar por finalizado formalmente el PSIR de Las Excavadas para construir un polígono señalando que el procedimiento había caducado y que por tanto debía ser anulado y archivado, aunque por parte de la Dirección General de Urbanismo se negó.

Ahora, el colectivo ha celebrado que «la Justicia haya admitido a trámite su recurso contra la resolución que negaba la caducidad del proyecto aprovechando que en esta campaña electoral, aunque tímidamente, algún partido ha vuelto a hablar del Polígono de Las Excavadas».

«Estamos en campaña y es época de anuncios grandilocuentes, grandes proyectos se vislumbran y las promesas se suceden unas detrás de otras. A veces, a falta de imaginación, se ponen encima de la mesa antiguos proyectos para que todo parezca más espectacular», ha lamentado la Asamblea en un comunicado.

Por ello, ve «tan miserable como falsa» la utilización de este proyecto en campaña, ya que sostiene que «el proceso es nulo de pleno derecho y está caducado».

Según señala, la normativa indica que, tras haber pasado 15 meses desde la publicación del anuncio de dictado de resolución por la que se formulaba el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico -en diciembre de 2020-, «procede su caducidad y, por consiguiente, el archivo del procedimiento de evaluación ambiental». Además, el promotor, en este caso la empresa pública Sican, debería haber realizado ya información pública y las consultas.