La Asociación de Inmobiliarias Afilia lamenta que la primera Ley de Vivienda de la democracia, que ha sido aprobada hoy, sea más «un experimento político» que una «herramienta eficaz y realista» para solucionar el drama social en el que se ha convertido poder acceder a una vivienda de alquiler.

Consideran que la nueva normativa ha sido redactada bajo la presión del calendario electoral y desoyendo todas las advertencias de los expertos sobre las consecuencias de las limitaciones de precios que acabarán sufriendo y pagando tanto los propietarios como los propios inquilinos.

Asimismo, advierte que la ley establece más restricciones que incentivos a los propietarios y esto, provocará la reducción del número de viviendas disponibles para arrendar, ya que muchos al ver reducida su rentabilidad económica, y con ello parte de sus ingresos esenciales para su economía doméstica, sacarán los inmuebles del mercado del alquiler o los destinarán directamente al alquiler vacacional o coliving.

Además, esta limitación de los precios estimulará el mercado negro en el mercado, habrá una mayor selección de los arrendatarios en función de su solvencia económica y provocará el deterioro y envejecimiento de las existentes por un deficiente mantenimiento.

De la misma forma que el nuevo marco normativo deja muchos flecos sueltos, como la oportunidad de regular el alquiler turístico, que está reduciendo ya el del alquiler residencial en muchas ciudades. Además, insisten en que no se articulan medidas eficaces para dar mayor seguridad jurídica en caso de impago de rentas.

Todas estas medidas, consideramos desde Afilia, que expulsará del mercado tanto a propietarios como a inquilinos.

Por otra parte, insisten en que estamos ante una ley intervencionista en todos los sentidos, ya que atenta, también, contra el libre ejercicio de la profesión de los propios agentes inmobiliarios, al imponer que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán siempre a cargo del arrendador.

Esto, señalan desde la asociación, no solo perjudica a los agentes inmobiliarios, sino a los inquilinos, y es otra muestra del desconocimiento de cómo funciona la dinámica del proceso de alquiler.

Al respecto, explican que el coste del servicio, no siempre se carga al inquilino. Y, en todo caso, el cobro a la parte arrendataria se justifica por la prestación de unos servicios a los que acude de forma voluntaria, como la búsqueda de un inmueble que se ajuste a su situación, necesidades personales y financieras, asesoría completa en cuanto a sus derechos y obligaciones o la gestión ante las incidencias que puedan tener, como es recuperar la fianza o solicitar que el arrendador acomode las viviendas a las necesidades del inquilino, entre otras.