El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJ) ha revocado una resolución de la anterior directora general de Medio Rural, María Luisa Pascual, que en agosto de 2021 denegó una subvención de 10.000 euros para inversiones colectivas en terrenos comunales solicitada por Liérganes. En ese momento, la administración regional alegó que el Ayuntamiento no estaba al día en el pago de una deuda con la Dirección General de Montes, algo que no era cierto y que tampoco se dejó demostrar al Consistorio obligando a éste a recurrir a la vía judicial. El fallo condena ahora al Gobierno regional a abonar la subvención con sus intereses legales y al pago de las costas.

La sentencia la ha dado a conocer la portavoz del grupo municipal de la Unión por Liérganes y Pámanes (ULP), Marta Cobo Revilla, formación que gobernó el Ayuntamiento hasta junio de este año. «El fallo judicial demuestra que siempre defendimos los intereses del Ayuntamiento con independencia del color político de los distintos altos cargos. Y nos alegra que llegue a las arcas municipales esa subvención para la mejora de los montes públicos, gracias al empeño de la ULP», ha asegurado la actual portavoz de la agrupación independiente.

El fallo del TSJ hace un recorrido por un asunto que, según la ULP, «causó un gran malestar» en Ayuntamiento, ya que venía precedido por otro desencuentro anterior en una convocatoria para la mejora de las infraestructuras rurales, y al silencio de Medio Rural al recurso de reposición del Consistorio.

Según relatan desde la ULP -que entonces gobernaba el municipio junto al PRC- la resolución de la mesa de valoración con la puntuación de los proyectos de los consistorios que acudieron a la libre concurrencia de esa convocatoria fue firmada por María Luisa Pascual el 6 de agosto de 2021. Y a Liérganes se le excluyó por la deuda con Montes a pesar que «desde el 21 de marzo de ese mismo año la secretaria interventora accidental certificó que el Ayuntamiento estaba al corriente de todos los pagos en el servicio de Montes», inciden.

Los tres magistrados de la sala de lo Contencioso que han fallado a favor del Ayuntamiento coinciden en que Medio Rural «no respetó» puntos básicos de la Ley 39 y 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público y de Procedimiento Administrativo Común, ya que «pudo y debió haber apreciado el pago, en el momento que dispuso del certificado municipal, sin obligar al Ayuntamiento a acudir a la vía judicial, habida cuenta de que se cumplían con los requisitos de la convocatoria, y que su actuación ha de estar inspirada en los principios de servicio efectivo a los ciudadanos y buena fe», replican desde la ULP.

Asimismo, el tribunal, reprocha a Medio Rural que la convocatoria incumplía la Ley 10/2006 de Subvenciones del Gobierno de Cantabria, que deja claro que debe imponerse el control legal -si hubiera deudas pendientes- a los solicitantes en el momento de la propuesta de resolución de la mesa técnica que valora y resuelve las solicitudes de los ayuntamientos, en lugar del control a los peticionarios a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes que señala la orden gubernativa con las condiciones de la subvención.