Hace exactamente una semana, Pakistán inició la expulsión masiva de 1,7 millones de inmigrantes indocumentados procedentes de Afganistán. Según el plan que el gobierno de Islamabad aprobó el pasado 4 de octubre, la deportación se realizará en diferentes fases: primero, los afganos que no hayan regresado por su cuenta serán internados en centros temporales, y luego serán escoltados hasta la frontera. Entrarán a un Afganistán muy diferente al que dejaron, ya que la inmensa mayoría huyó antes de que los talibanes se hiciesen con el control del país, en 2021. Es más, su avance ante la humillante retirada de las tropas estadounidenses propició que unos 600.000 ciudadanos decidiesen escapar.

De esta forma, mujeres y niñas que abandonaron un país en el que podían estudiar y trabajar, se verán ahora abocadas a vivir en los confines de un burka y bajo la tutela de un hombre, y, aunque Pakistán no es precisamente el país más desarrollado, los varones serán devueltos a uno de los estados más pobres del mundo, donde 15 millones de personas tienen dificultad incluso para alimentarse. Y llegarán sin apenas capacidad para labrarse el futuro en una tierra en la que no tienen nada.

Por eso, aunque la información internacional está ahora copada por las guerras en Gaza y Ucrania, hoy nos acercamos a este drama para que pase menos desapercibido.

Todo comenzó con varios atentados suicidas en los que el gobierno paquistaní asegura que participaron ciudadanos afganos, aunque no ha presentado ninguna prueba que lo certifique. El país, lastrado por una hiperinflación que revienta su economía, determinó entonces que cuatro millones de afganos eran demasiados para su territorio. Así que, sus dirigentes, preocupados por las elecciones del año que viene, decidieron cortar por lo sano y expulsar a todos los que no hayan regularizado su situación en Pakistán. Según los últimos datos, son nada menos que 1,7 millones, y algunos llevan en el país desde la guerra con los soviéticos. O sea, desde 1979.

Por si fuese poco, a casi millón y medio más le ha caducado este año la tarjeta de registro con la que ha residido en el país, y, aunque el Gobierno ha prometido que eso no tendrá ningún efecto para sus titulares, la tensión crece y se multiplican los casos de acoso y extorsión policial contra ellos. Son vulnerables sobre todo a eso último, ya que la corrupción está a la orden del día.

Estas medidas han logrado que, desde su anuncio, el número de afganos que retorna a su país por voluntad propia antes del ultimátum del 31 de octubre haya marcado un récord. No obstante, suman solo 200.000 y, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el 78% lo ha hecho por miedo a ser arrestado. Razones no les faltan para el temor, porque las Autoridades incluso han ordenado la demolición de viviendas en las que residían los inmigrantes ilegales. «Es una catástrofe humanitaria», afirma ACNUR.

Al otro lado de la frontera no les espera un buen recibimiento. Los grupos pro derechos humanos señalan que muchos han buscado asilo en Pakistán porque tenían buenas razones para huir de los talibanes -por ejemplo, haber colaborado con el gobierno anterior-, y los más críticos con la medida afirman que es anticonstitucional y que los afganos están siendo utilizados como cabeza de turco para tapar la incapacidad de los políticos para resolver los problemas que aquejan al país, desde los económicos hasta el aumento de la criminalidad.

De momento, los talibanes han prometido establecer campos temporales para proporcionar cobijo a los compatriotas que no encuentren uno y buscarles trabajo. Será difícil, porque el paro se ha duplicado desde que los integristas islámicos accedieron al poder, y este año podría llegar al 20%. Es una coyuntura en la que esta deportación masiva supone, para más de un millón y medio de personas, una condena a vivir en la pobreza y, en los casos más extremos, a penas de cárcel por colaboracionismo o activismo político. Además, no deja de ser irónico que países como Pakistán, a menudo muy críticos con el trato que Occidente dispensa a sus migrantes, acaben comportándose de esta forma con los que tienen dentro de sus fronteras. La cercanía cultural y religiosa en estos casos resultan indiferentes en esta doble vara de medir.

En un momento en el que algunos políticos israelíes proponen lanzar una bomba atómica sobre Gaza, y con la invasión de Ucrania empantanada a la espera de que alguna tecnología decante la balanza de uno u otro lado, Rusia ha decidido revocar la ratificación del tratado que prohíbe las pruebas de armas nucleares, firmado en 1996. Es un paso más en el desmantelamiento de las normas que restringen la proliferación del armamento más mortífero, nacidas de una certeza contundente: la mutua destrucción está asegurada. «Nadie puede salir victorioso de una guerra nuclear y, por eso, no se debe producir».

La decisión de Vladímir Putin es más simbólica que práctica, pero sí refleja una regresión en el consenso que existía en torno al armamento nuclear y supone una subida de tono más en las veladas amenazas que se hacen en torno a su uso. La propia Rusia afirma que ha desarrollado un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear, Corea del Norte ya ha confirmado que cuenta con el suyo, y China observa desde la barrera las acusaciones que se lanzan mutuamente Washington y Moscú mientras incrementa sin parar su arsenal nuclear. Según el Departamento de Defensa estadounidense, el gigante asiático almacena ya 500 cabezas, un número que, según sus estimaciones, se triplicará para 2035.

Así, el ‘reloj del apocalipsis’ que diferentes expertos ponen en hora cada año para alertar sobre la posibilidad de un holocausto nuclear, está a 90 segundos de dar la medianoche, el momento de mayor peligro que jamás haya marcado. Y eso que la última revisión se hizo antes del estallido de la guerra entre Israel y Hamás. Los ‘relojeros’ señalaban a principios de año la posibilidad de que Rusia materialice sus amenazas atómicas y el peligro de la batalla junto a la central nuclear de Zaporiyia como principales amenazas, pero tampoco hay que sacar de la ecuación del miedo a Estados Unidos, que también ha dado la espalda a tratados armamentísticos que había firmado. Además, el año que viene podría acabar de nuevo en manos de Donald Trump.

La posibilidad de una nueva carrera armamentística en el terreno nuclear es cada vez más cercana, muestra de que nadie aprende en cabeza ajena. Por mucho que los líderes mundiales visiten los museos de las bombas atómicas que en Hiroshima y Nagasaki recuerdan el horror que provocaron las dos únicas lanzadas contra población civil, la creencia de que solo un arsenal potente es suficientemente disuasorio para que los enemigos no aprieten el botón rojo continúa impulsando una actitud que mueve las manillas del reloj hacia la hora del apocalipsis.

Es evidente que, desde el fin de la pandemia, la economía china no pasa por su mejor momento. Las previsiones que apuntaban a un fuerte rebote de la segunda potencia mundial no se han materializado: por un lado, porque la demanda en el resto del mundo se ha deprimido, en gran medida debido a la epidemia de inflación que deprime el consumo; y, por otro lado, porque los problemas estructurales domésticos se han acentuado y el propio consumo interno chino no es capaz de equilibrar la balanza, lastrado también por una confianza en declive y problemas en sectores clave, como el de la construcción.

La última variable que ha hecho saltar las alarmas ha sido la de las exportaciones, que en octubre volvieron a caer. Concretamente, un 6,4% en tasa anualizada. Y ya van seis meses seguidos en rojo. Son malos datos que, según los vaticinios de los expertos, continuarán hasta el arranque de 2024. Pero no se producen solo porque el mundo compre menos. Pueden reflejar también el impacto de la estrategia de diversificación que han adoptado muchas empresas.

Quizá sí hayamos aprendido algo de la pandemia. Aunque sea una obviedad: a no poner todos los huevos en la misma cesta. En realidad, muchas empresas habían comenzado a llevar ya parte de su producción a otros países, sobre todo porque China es cada vez más cara. Pero el covid, y sobre todo los quebraderos de cabeza que provocó la estrategia de control del Partido Comunista, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso, quizá en un futuro no muy lejano veamos menos ‘made in China’ en productos de multinacionales extranjeras y más en marcas del lejano oriente que se van abriendo camino entre nosotros. Lo hicieron con los teléfonos móviles, y ahora lo intentan con el coche eléctrico.

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