Este nuevo informe contribuirá a agilizar la tramitación necesaria para ejecutar por segunda vez la infraestructura del colector interceptor. La obra del subfluvial echó a andar en noviembre de 2014, con un importe de 23 millones de euros, y se paralizó dos años después, debido a dificultades técnicas en la excavación del túnel, que derivaron en un conflicto judicial entre Tragsa y las dos empresas subcontratadas. La Justicia determinó la resolución del contrato y la retirada de la tuneladora.

Al no resultar técnicamente viable utilizar la perforación ya realizada para continuar con las obras, el Ministerio acordó redactar un nuevo proyecto de subfluvial. En abril de 2022 encargó por medio millón de euros esta tarea a la empresa Fulcrum. El documento inicial que elaboraron se remitió a la Dirección General del Agua para gestionar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Tras un trámite de informes, análisis y consultas, se comunicó al promotor que algunos posibles impactos significativos detectados (calidad de las aguas, emisiones acústicas y odoríferas, patrimonio cultural, salud pública, voladuras y vibraciones, medio marino, etc.) podían ser evitados o descartados mediante la aportación de información adicional e incorporando determinadas modificaciones al proyecto.

El documento incluyó dichas modificaciones por lo que, finalmente, se ha concluido que no precisa de ser sometido a evaluación ambiental ordinaria. No obstante, deberá cumplir las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución, publicada este pasado jueves, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles».

Entre las medidas recogidas en el documento ambiental figuran que se evitarán los trabajos nocturnos, excepto los que pudieran realizarse en el interior de los túneles, en el caso de que se requiera; los camiones con material de polvo serán cubiertos con lona, se regará periódicamente las vías de acceso a la obra, las voladuras controladas se utilizarán exclusivamente en el pozo de la estación de bombeo, se revisarán los motores de combustión para que cumplan los límites de emisión contaminantes y de ruidos o las actuaciones más ruidosas no coincidirán en el tiempo, entre otras.

El futuro proyecto del subfluvial será similar al ya fracasado. El trazado del túnel tendrá 1.444 metros de longitud y es paralelo al proyecto anterior, desplazándolo unos 10 metros en horizontal y tres metros en profundidad. Además, se mantiene como punto de origen del túnel del subfluvial la estación de bombeo de Santoña, ubicada en el barrio de Santoñuca, con numerosos bloques de viviendas alrededor.

Esta solución ha sido rechazada hasta en tres ocasiones por el Pleno de Santoña, que apoya que se termine el saneamiento de la Marismas, pero ha instado al Ministerio a que estudie un trazado alternativo que no tenga su origen en el municipio. La Corporación argumenta que «no se garantiza una solución técnica efectiva ni que no se vaya a repetir el mismo fracaso a nivel técnico y económico, así como los perjuicios y molestias que sufrieron los vecinos de la zona de Santoñuca».

En la resolución se señala que el estudio de impacto ambiental del saneamiento general las Marismas ya contemplaba varias alternativas y se seleccionó la más ventajosa desde el punto de vista ambiental. «El promotor considera el cruce bajo la ría la mejor solución posible, debido a que prácticamente el resto del sistema ya se encuentra construido». En cuanto a ejecutar el túnel en el otro sentido, se argumenta que se ha previsto desde Santoña a Laredo «por motivos geotécnicos, ya que se empieza perforando en material duro y se pasa después a blando, lo que favorece mantener la alineación de la perforación».