Cuatro de las siete asociaciones de jueces y fiscales que se sientan en la mesa de retribuciones con los responsables de los ministerios de Justicia y Hacienda han ofrecido este miércoles una última cantidad para cerrar un acuerdo y evitar la huelga indefinida, señalada a partir del 16 de mayo, coincidiendo con la campaña de las elecciones del día 28.

En concreto, los colectivos Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han consensuado pedir al Gobierno 57 millones de euros en mejoras salariales para los 8.700 jueces y fiscales en activo. Una cantidad que supone cerca de 600 euros brutos más al mes de media, aunque el reparto se haría de forma progresiva en la carrera según las nóminas, tal y como explican fuentes cercanas a la negociación.

Los altos cargos de Justicia y Hacienda presentes en la reunión que se celebra desde las 16:00 horas de este miércoles, encabezados por el secretario de Estado Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, no han respondido de forma inicial a esta nueva petición de las asociaciones, sabedores por otra parte de que la ruptura de la unidad asociativa es un hecho. No obstante, Rodríguez les comunicó que el Gobierno planteará una contraoferta el próximo martes, coincidiendo con el inicio de la huelga. Por este motivo, les pidió aplazar unos días el paro previsto.

Estos 57 millones que reclaman una mayoría de colectivos son cinco menos de los 62 millones que consensuaron al principio de la negociación todos los colectivos para desconvocar la huelga indefinida. La intención es que el Ejecutivo, que el lunes aumentó su oferta de 44,5 a 46 millones, haga un último esfuerzo para cerrar el acuerdo, aunque las fuentes consultadas asumen que la postura maximalista en la reunión de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria con 1.355 asociados y de carácter conservador, hacen muy complicado el pacto.

Tal y como informó este martes este periódico, la APM se descolgó el pasado lunes de la postura consensuada con sus compañeros para reclamar 62 millones y subió su petición a los 74. Una cantidad que las fuentes consultadas consideraron «inasumible» para Justicia y que solo tenía como objetivo reventar la unidad asociativa «por intereses alejados a la realidad de la carrera» y mantener los paros permanentes a partir del día 16 como medida de fuerza contra el Gobierno.

Antes de entrar en la mesa de retribuciones, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, aseguró que la oferta de 46 millones que puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop para evitar la huelga -representaría hasta unos 490 euros al mes- «sigue siendo inaceptable» . «Entre 44 y 46... ¿Qué pueda ser algo menos inaceptable que la de 44? Pues sí, evidentemente. Pero sigue siendo inaceptable, menos, pero inaceptable», afirmó.

En medio de esta postura de cuatro asociaciones y de la APM se quedaron la Unión Progresista de Fiscales, que ha consultado a sus asociados sobre la oferta de 46 millones con resultado positivo, y Foro Judicial Independiente, que al principio se subió a la petición común de 62 millones pero que este miércoles ha preferido no hablar de una cantidad concreta.

A la conflictividad laboral de jueces y fiscales se sumaron este miércoles los funcionarios del Ministerio de Justicia, que han acordado «endurecer» su postura de paros parciales diarios y de jornada completa puntuales, que comenzaron el pasado 17 de abril, a darles un carácter indefinido para reclamar también mejoras salariales a partir del 22 de mayo.

Los sindicatos CSIF, UGT, CC OO y STAJ pidieron al Gobierno que en los próximos diez días ponga encima de la mesa una propuesta económica para desconvocar la huelga. Los 45.000 funcionarios exigen mejoras retributivas de entre 350 y 430 euros brutos al mes (supondría unos 190 millones en total) y su participación en la negociación de la ley de eficiencia organizativa. De lo contrario garantizarían la paralización de la actividad de juzgados y tribunales. En este grupo se encuentran personal como tramitadores, gestores procesales o de auxilio judicial.