La banca se planta ante las renovadas presiones del Gobierno para mejorar la remuneración de los depósitos de las familias. Y no ocultan su malestar tras las palabras de la vicepresidenta, Nadia Calviño, instando al sector a cambiar ya su estrategia comercial para pagar más por el ahorro. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, indicó este lunes que, aunque respeta las palabras de la ministra de Economía, «las decisiones de precios corresponden a cada banco, tampoco las patronales tienen nada que decir al respecto».

Durante su participación en los Cursos de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el directivo insistió en que, en todo caso, la última palabra dependerá de la demanda de los clientes, indicando que en el caso de CaixaBank, la entidad está ofreciendo alternativas a los tradicionales depósitos como fondos de inversión o rentas vitalicias. «En el segmento de particulares entendemos que el mejor consejo que podemos dar es una alternativa con otros productos de mayor rentabilidad a medio y largo plazo. No tenemos el freno de mano echado, pero nuestro mejor consejo no está en los depósitos», explicó el banquero.

Ha recordado que en 2016, cuando comenzó la política monetaria laxa, los bancos trasladaron el coste a los depósitos de empresas empresas, mientras que fueron reduciendo la remuneración que daban a sus particulares por estos productos, evitando repercutir el coste sobre estos últimos clientes.

En cambio, se optó por diseñar una serie de productos, como fondos o seguros de ahorro, para ofrecer una rentabilidad a los particulares, de tal manera que actualmente más de 40% de los recursos de los clientes está fuera de balance. «Se ha producido un cambio estructural», ha defendido.

En el mismo sentido se manifestó en el mismo foro el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno. «Los depósitos a plazo están llegando de forma progresiva, no es el instrumento más eficaz, pero hay que reconocer que tienen demanda», indicó, para después matizar que «con todo el respeto a la vicepresidenta, la mejora de la remuneración no llegará por que ella lo diga, sino por el efecto de la competencia», sentenció.

De este modo, las entidades evidencian su rechazo a que este asunto forme parte de la reunión que el próximo 29 de junio mantendrán con el Ejecutivo. El principal objetivo del encuentro es evaluar las ayudas a los hipotecados a través del nuevo código de buenas prácticas, pero Calviño pretendía introducir el tema de la remuneración del ahorro en la misma.

Al encuentro acudirá la Asociación Española de Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, descartó pronunciarse sobre la polémica. Pero la desazón en el sector es total en un momento en el que el señalamiento por la baja remuneración del ahorro pueda acabar repercutiendo en una reputación que había ganado enteros desde la pandemia.

«La reputación del sector nos ocupa mucho. En la crisis del covid se vio la importancia de contar con un sector que puede responder en momentos de crisis. Pero es cierto que cuando hablamos de banca que en la relación de cada uno con su entidad. Cuando hablamos de banca, a la salida de la pandemia, el entorno económico y financiero ha cambiado mucho, y el escenario de subida de los tipos de interés complica la explicación de la importancia de contar con un sector fuerte, capaz de responder a los retos del país», indicó Kindelán.

En este punto, el sector ha dejado claro que no le gusta nada estar en el centro del debate público. Y lo cierto es que estos días así está ocurriendo con las propuestas de distintos partidos que afectan a las entidades. «Estamos en periodo electoral y se habla de posibles medidas con un trazo muy grueso y no voy a entrar a valorarlas», indicó Goirigolzarri durante su intervención.

Desde la patronal intentan poner algo de calma, recordando que en el sector «creemos mucho en la colaboración público-privada y con ese marco general hemos colaborado con el Gobierno como siempre haremos, alejándonos de la confrontación», matizó Kindelán durante su intervención.

No obstante, el malestar es absoluto con medidas como el nuevo impuesto temporal a los bancos.

«Nuestra posición es muy clara. No nos gusta el impuesto, ni en forma ni en fondo ni cómo se tramitó como proposición de ley sin procesos de consulta», apuntan desde la patronal. «Los impuestos existen y se pagan, pero si se considera que no son jurídicamente válidos, se pagan y luego se recurren», añadía César González-Bueno desde Banco Sabadell.

El desconcierto es absoluto también en torno a otras propuestas políticas de los últimos días. El vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, levantaba la liebre el lunes al dejar entrever que los populares no derogarán el gravamen temporal si logran la victoria en las próximas elecciones generales. La idea es mantenerlo hasta 2024 como establece la norma y, a partir de ahí, sustituirlo -en caso de que sea necesario- por un fondo de ayudas que costearía el propio sector.

Pese a que desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo indican que este fondo ya se ha tratado con las entidades, Goirigolzarri rechazó haber recibido noticias de la propuesta. Desde la AEB, no obstante, reconocen que cuando se aprobó el impuesto, dejaron la puerta abierta a esa posibilidad, aunque sin concretar las condiciones.

A la ola de propuestas electorales que afectan a la banca se sumó el martes la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con un plan para crear un bono de emergencia para familias afectadas por el repunte del euríbor, dotado con 1.000 millones de euros para préstamos de hasta 250.000 euros.

Goirigolzarri volvió a ser claro en este punto, al asegurar que «con independencia de la propuesta, no hay nadie más interesado que nosotros en ayudar a que nuestros clientes puedan hacer frente a sus obligaciones».

Desde el sector defienden que los niveles de morosidad se mantienen en mínimos, rechazando también modificar el actual código de buenas prácticas en la reunión de finales de junio. De hecho, en el caso de CaixaBank, la entidad apenas ha recibido 7.000 solicitudes de adhesión desde que entró en vigor el 1 de enero.