La eficacia o la peligrosidad de la primera ley estatal de vivienda -aprobada este jueves en el Congreso con el voto favorable de casi todos los partidos de la izquierda, a excepción de la CUP y el BNG, que se abstuvo- está por demostrar. Donde el Gobierno habla de un «avance social sin precedentes», los detractores de la norma ven una «ficción» que no solucionará el problema del acceso a la vivienda, que invade competencias autonómicas o que vulnera el derecho a la propiedad privada. Pero de lo que en Moncloa están realmente persuadidos es de que tanto su puesta en marcha como la preocupación de la que en estas semanas ha hecho gala Pedro Sánchez al prometer hasta 183.000 viviendas de alquiler sostenible en los próximos años tienen rentabilidad electoral.

El presidente del Gobierno, que en un primer momento ni siquiera tenía pensado asistir al pleno de este jueves, no tardó, por lo pronto, en colgarse la medalla. «Estamos cambiando el paradigma, dejando atrás la ley del suelo del 98 y el modelo neoliberal que trajo especulación y mucho dolor social con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria», se vanaglorió en una declaración institucional en el patio del Congreso convocada en el último minuto.

Contra lo anunciado, tanto Sánchez como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asistieron finalmente a la votación porque ni los socialistas ni Unidas Podemos las tenían todas consigo sobre su resultado. Sobre la marcha, tras escuchar las intervenciones de los grupos en el debate, llamaron a rebato para asegurar la mayoría. Incluso a la diputada de Podemos Marisa Saavedra, que poco antes antes había sufrido un desvanecimiento y había tenido que ser atendida por los médicos en el escaño, se le pidió renunciar al reposo prescrito para asegurar la victoria. El texto salió finalmente adelante con 176 votos a favor por 167 en contra y una abstención. Pero tras esos números se esconde una fractura relevante en el bloque de investidura.

La capacidad de forjar acuerdos transversales de la que suele hacer bandera el PSOE cada vez que la oposición le echa en cara sus pactos con los independentistas no operó en esta ocasión. Junto a ellos y los morados votaron Esquerra, Bildu, Más Madrid y Compromís, además de Teruel Existe y el diputados de los regionalistas cántabros. Y en el lado del no, aparte del PP, Vox, Ciudadanos y Coalición Canaria, se situaron los nacionalistas moderados del PNV y el PDeCAT y también Junts.

En las posiciones de cada formación se mezclan tanto el sesgo ideológico como la competencia electoral. La pugna entre el PNV y Bildu en el País Vasco, y entre ERC y Junts en Cataluña -dos comunidades que no celebran autonómicas el 28 de mayo pero sí municipales-, es encarnizada. Los republicanos y el partido de Arnaldo Otegi llevaron el debate al terreno de lo social, a la configuración del modelo económico del Estado. Y sus contrincantes a la defensa de un autogobierno que, sostienen, la norma no respeta.

El reproche más extendido a los socialistas fue, en todo caso, el de que su objetivo no es dar respuestas a un problema que todos reconocen como real, sino utilizar el asunto de la vivienda con fines propagandísticos. «¿Creen que si esta ley fuera la piedra filosofal que resuelve todo habría estado guardada en un cajón casi tres años?», espetó la portavoz del PP, Ana Zurita. También el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, recordó las reticencias que la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, expresaba hasta hace poco hacia el control de precios de alquiler recogido en la ley. Y los nacionalistas han criticado en los últimos días la repentina urgencia por aprobar la norma antes del 28-M.

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Incluso los socios de la coalición cuestionan la credibilidad de Sánchez en la materia. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra -que, como la titular socialista de Transportes, Raquel Sánchez, subió este jueves a la tribuna para reclamar la maternidad de la norma y, al terminar la votación, se fundió en un abrazo emocionado con Irene Montero que olía a desquite tras la reforma del ‘solo sí es sí’- admitió horas antes en Radiocable su «miedo» a que con las promesas realizadas por el presidente en los últimos días generen «una expectativa que el PSOE no sea capaz de cumplir». Pero añadió: «Si desbloquear esta ley ha sido una motivación electoral, bienvenida sea».

Entre otras medidas, la ley fija un límite del 2% para la actualización del precio de los alquileres en 2023 y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC. Las formaciones críticas con el texto, advirtieron de que la intervención de los precios ya ha demostrado tener efectos contrarios a los pretendidos; es decir, un encarecimiento de la vivienda allí donde se ha puesto en marcha citando los casos de Nueva York, San Francisco, Berlín o Barcelona.

Otro de los puntos que más fricciones generó en el debate es el hecho de que la norma dificultará además los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. La oposición critica que se facilita la ocupación ilegal. «Es la tensión entre el lucro y la necesidad de vivir; entre que unos tengan mucho y otros no tengan nada. Y en ese camino sabemos dónde estamos», replicó la republicana Pilar Vallugera.