El futuro del expresidente Carles Puigdemont y de los exconsellers huidos se decide este miércoles en Luxemburgo. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictará sentencia sobre la inmunidad europarlamentaria del político catalán, en una decisión que es clave en el caso ya que éste es su mejor escudo ante las euroórdenes impuestas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La defensa de Puigdemont, por su parte, asegura que aún queda mucho camino por recorrer en el proceso judicial.

La corte suprema dará a conocer este miércoles su decisión final sobre el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont por parte del Parlamento Europeo ante la petición de entrega a España de Llarena y sobre si los trámites se llevaron a cabo de forma adecuada. En la vista oral celebrada en noviembre, el abogado de la Eurocámara sostuvo que la institución comunitaria ha tenido un trato «extremadamente abierto» con el líder independentista y que «probablemente» le permitió ocupar su escaño «de manera ilegal», ya que lo hizo sin que fuera nombrado eurodiputado en España.

La defensa del expresidente catalán y de los políticos huidos por el ‘procés’ alega que sufren «una persecución política» y que la Eurocámara no motivó de forma «suficiente y adecuada» su decisión de retirar la protección europarlamentaria a Puigdemont. A la espera de la decisión del TGUE, la defensa del político independentista podrá elevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de que el fallo le sea desfavorable.

Si el TGUE finalmente avala el suplicatorio y la retirada de la inmunidad, el juez Llarena debería reactivar las euroódenes y volver a iniciar el proceso de detención y entrega en Bélgica que, según el Tribunal Supremo, ya no tendría razones para negarse a la entrega de Puigdemont. La defensa del expresidente catalán, por su parte, defiende que el proceso debería empezar desde cero y volver a tramitar el suplicatorio y la retirada de inmunidad en la Eurocámara, ya que tras la reforma del Código Penal, la Justicia española reclama a los políticos independentistas por malversación y no por sedición, como lo hacía en un principio.