La nueva normativa es un trámite que se antoja necesario para poder incorporar en el edificio municipal la oficina de atención al peregrino del Camino de Santiago. Además, el documento incluye la redistribución de los diez puestos de venta que integrarán el espacio y, como novedad, contempla la jubilación como una de las posibles causas de transmisión de las concesiones, tal y como ocurre en la mayoría de municipios.

La ordenanza también regula el resto de causas de transmisión de dichos puestos, que en ningún caso podrán ser arrendados. Así como aspectos relacionados con la limpieza de los mismos, las normas de obligado cumplimiento de los titulares y las diferentes infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves.

Los partidos que conforman la oposición mostraron en el pleno ordinario sus reticencias al documento. En concreto, PSOE, PRC y UxL incidieron en la posible existencia de «inseguridad jurídica» al faltar una firma del secretario en uno de los informes. En este sentido, la concejal de Patrimonio, Rosalina López (Hacemos Laredo), reconoció esa carencia, aunque indicó que «es algo que ya ha pasado en otras ocasiones» y acusó la falta de responsabilidad política de sus compañeros de Corporación. Por su parte, el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), apuntó que es una ordenanza que «ofrece soluciones y compromiso» y además «hay seguridad jurídica».

Ya aprobado por la mayoría absoluta del equipo de gobierno, el documento saldrá a exposición pública durante 30 días para que los interesados puedan presentar las alegaciones oportunas. Finalizado este periodo, y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación, la normativa quedará definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

El regidor explicó que cuando terminen las obras se podrán licitar los puestos, que se adjudicarán mediante concurso subasta. Además, aseguró que se reconocerá la antigüedad como uno de los requisitos para poder optar a uno de ellos, ya que considera que es «lo más justo».

Por otra parte, la concejal de Patrimonio mostró su satisfacción por la gestión realizada por la Administración, ya que era «una asignatura pendiente y un compromiso adquirido al que había que dar cumplimiento». «Hemos buscado una solución legal para que los asentadores que ocupaban un espacio en el mercado antes de que empezaran las obras puedan tener la opción de recuperar su puesto de venta», señaló.

Otra de las cuestiones que se abordó en la sesión fue la propuesta del grupo Unidos x Laredo de elevar una consulta al Ejecutivo de Cantabria para conocer si el proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo en el centro de la localidad podría optar a la captación de fondos europeos. En este punto, la Administración municipal se posicionó en contra de la moción, que pretendía solventar el problema de estacionamiento que sufre Laredo, sobre todo en época estival.

Así, el portavoz de Ola Cantabria, Benito Ortiz, garantizó que se encuentran trabajando en una idea «más ambiciosa», de la cual aún no se conoce nada, tampoco por parte de las agrupaciones de la oposición, que aprovecharon para pedir más información sobre tal proyecto, del que, según explicó la portavoz popular Elena Odriozola, «se informará en la comisión».