El juez de origen colombiano Juan Merchán dará este lunes el pistoletazo de salida en la corte estatal del Bajo Manhattan con la selección del jurado. Se trata de encontrar ente el millón y medio de estadounidenses adultos que viven en la isla de los rascacielos a doce hombres o mujeres justos que puedan ser imparciales a la hora de juzgar a alguien que no deja indiferente a nadie.

Desde antes de que jurase el cargo en 2017, a Trump le precedía su fama de hombre de negocios sucio y despiadado que había aprendido el oficio inmobiliario entre ruletas de casinos y campos de golf. Son esas prácticas, amplificadas por la luz de los focos, las que le han llevado a los tribunales múltiples veces en los últimos dos años. Primero, con la demanda civil por abuso sexual y difamación que interpuso la periodista de ‘Vanity Fair’ Jean Caroll. Luego, para enfrentarse a las acusaciones de fraude fiscal por inflar y devaluar a su antojo sus propiedades para obtener préstamos ventajosos y pólizas baratas.

En todos esos casos se buscaban reparaciones por daños y perjuicios, pero el juicio que comienza este lunes es mucho más serio, porque no se puede resolver con dinero. A los 77 años Trump se encuentra ante la posibilidad de acabar en la cárcel, aunque nadie cree que ocurra, ya que no tiene antecedentes penales ni se trata de un crimen violento. Lo que sí está claro es que el proceso abre una fase particular y totalmente inédita en la historia política del país.

Al expresidente, que según las encuestas podría volver a ocupar la Casa Blanca a partir de enero, se le acusa de haber camuflado los pagos que hizo doce días antes de las elecciones de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. En lugar de declararlos como gastos de campaña, los anotó en los libros de contabilidad como honorarios de su abogado, Michael Cohen, que hizo de intermediario. En total fueron 150.000 dólares, pero como los aplazó en diferentes entregas, cada uno de los cheques que firmó y las subsiguientes entradas en los balances suponen un delito. En total, 34 cargos que conllevan cada uno un máximo de cuatro años de prisión.

«Manhattan es el hogar del mercado de negocios más significativo del país», explicó el fiscal de distrito Alvin Bragg al anunciar la imputación. «No podemos permitir que las empresas de Nueva York manipulen su contabilidad para encubrir una conducta criminal». A lo largo de seis semanas tendrá que probar no sólo que Trump falsificó la contabilidad, sino que lo hizo con la intención de defraudar a los votantes estadounidenses, a los que ocultó la información.

No hay dudas de que el dinero con el que pagó a Cohen iba destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels, porque el propio Cohen y la empresa mediática que alertó a Trump de que la actriz buscaba vender su historia lo han confesado. Tampoco hay nada ilegal en pagar a alguien para que guarde un secreto inconveniente. Lo ilegal para un candidato electoral es ocultarlo en los libros, algo que en el Estado de Nueva York sería delito leve, salvo que se haga con la intención de ocultar otro mayor. Ahí es donde el fiscal ha forzado la cuerda.

Juristas críticos de Trump reconocen que si no fuera por su relieve difícilmente se habría elevado esa falta leve, que se podría saldar con una multa, a un delito grave que conlleva pena de prisión. El fiscal no está obligado a demostrar que Trump cometió un delito de violación de leyes electorales, pero sí necesitará probar que tuvo la intención de hacerlo. Eso lo tendrán que decidir los doce miembros del jurado que a partir de esta semana perderán su identidad y se convertirán en un número. Su nombre no volverá a ser mencionado. Sus vidas están a punto de cambiar drásticamente.

Trump ya conoce las instalaciones de la planta 15 del número 100 de Center St., donde entró por primera vez el año pasado rodeado de un circo mediático y manifestantes a favor y en contra de su imputación. A partir de hoy tendrá que sentarse en ese juzgado de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, salvo los miércoles.

Nadie duda de que por incómodo que le resulte aprovechará la situación para acaparar la atención de las cámaras y recaudar fondos entre sus seguidores. Tras su primera comparecencia el año pasado sus seguidores le donaron cuatro millones de dólares, según sus declaraciones de campaña, cifra que aumentó hasta 7,1 en los cuatro días que siguieron a su imputación en Georgia.

En total el mandatario está acusado de 88 delitos graves en cuatro jurisdicciones diferentes, pero todo indica que el único caso que se juzgará antes de las elecciones es el que hoy le tendrá sentado frente al juez Merchán. En sus manos estará dictar una sentencia que puede o no conllevar la cárcel dependiendo de su criterio personal. Se diría que alguien que tiene su suerte en manos de un magistrado haría lo posible por no irritarle, pero el expresidente le ha acusado públicamente de ser parte de una campaña política para despejar el camino a Biden.

Se basa en que su hija, Loren Merchán, trabaja para una firma publicitaria que ha tenido al presidente y a otros prominentes demócratas entre sus clientes digitales, por lo que ha pedido que se aparte del caso. Merchán, además, presidió también el caso contra su jefe financiero, Alan Weisselberg, al que condenó a solo cinco meses de prisión por haber pactado su declaración con la fiscalía, de lo contrario dice que le hubiera impuesto una sentencia más severa.

Al dar las instrucciones este lunes a los candidatos a formar parte del jurado, el juez les ofrecerá autoexcusarse si no consideran adecuados, aunque tendrán que explicárselo. No servirá alegar la posibilidad de fiestas religiosas, porque Merchán dice que acomodará sus horarios para que eso no sea un impedimento, pero a juzgar por las 42 preguntas del cuestionario que tendrán que rellenar, muchos serán descalificados.

Estar afiliado al Partido Republicano o Demócrata tampoco será un argumento válido, pero sí ser seguidor o pertenecer alguno de los principales grupos de ultraderecha asociados con la toma del Capitolio del 6 de enero: Qanon, Proud Boys, Oathkeepers, Three Percenters y Boogaloo Boys, a los que los abogados de Trump han añadido la bestia negra de la izquierda, el grupo anarquista de Antifa.

¿Será posible encontrar a una a una docena de adultos en Manhattan que no tengan una opinión formada sobre Trump? Eso es tan difícil que ni siquiera se aspira a ello. Bastará con que no tengan «una opinión fuerte o firmemente mantenida» sobre él, su candidatura presidencial o su imputación. Dispuestos a leer sesgos en sus conductas, los abogados han incluido preguntas como «¿tiene usted alguna opinión sobre los límites de las contribuciones políticas de gobierno?», «¿ha leído o escuchado alguno de los libros o podcasts de Michael Cohen o Mark Pomerantz?», y «¿puede prometer que aparcará cualquier cosa que haya oído o leído sobre este caso para emitir su veredicto basándose solo en las evidencias que se presenten en este tribunal?».

Miles de periodistas se disputan los 58 asientos reservados para el gremio que escrutará cuidadosamente las expresiones de Trump y las de los miembros del jurado. Los que ocupen las 114 plazas de la sala adyacente no podrán ver sus caras ni volverán a oír sus nombres. Un grupo de cinco fotógrafos y tres cámaras de televisión se rotarán para inmortalizarle en los minutos previos a la sesión. El proceso no será televisado, pero mantendrá en vilo a todo el país y dificultará la presencia de Trump en actos de campaña.

El momento más esperado será cuando se vea cara a cara con su exabogado Michael Cohen, que trabajó para él más de una década hasta que sintió que su jefe le abandonaba al cerrarse el cerco legal en torno suya. Cohen, de 57 años, había dicho que «se hubiera comido una bala por Trump». En lugar de eso se ha convertido en el testigo que puede llevarlo a la cárcel. El momento estelar para una serie de tribunales como ninguna otra.