Por sorprendente que parezca y tras llegar a un acuerdo económico con los letrados judiciales, jueces y fiscales con una actitud propositiva, el Ministerio de Justicia cerró este martes la puerta a cualquier compromiso económico con el comité de huelga de los funcionarios que trabajan en juzgados y tribunales: unos 45.000 en total, que mantienen paros indefinidos desde el pasado 22 de mayo .

El cambio de timón negociador del departamento que dirige Pilar Llop, que el pasado viernes citó a los huelguistas con la intención de zanjar el conflicto laboral antes de las elecciones generales, según reconocieron entonces fuentes de Justicia, dejó perplejos a los funcionarios presentes en la maratoniana reunión de este martes. Ni oferta económica de 430 euros brutos al mes — como piden los integrantes de los cuerpos generales y especiales- ni esperanza de que haya una contraoferta en una próxima cita. Directamente, nada.

Tras ocho horas de encuentro, el secretario de Estado de Justicia, ‘Tontxu’ Rodríguez , presente en la cita, y por elevación la ministra Llop anunciaron que no solo no oirán las propuestas de los sindicatos, sino que el diálogo quedaba aplazado hasta que no se constituya el nuevo Gobierno salido de las elecciones del 23 de julio. Y esto no será hasta la tercera semana de agosto. Es decir, hasta dentro de dos meses y medio como mínimo. Un mundo para los reclamantes.

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La decisión causó tanta perplejidad en el comité de huelga que pasadas las 22 horas de este martes los presentes determinaron por unanimidad encerrarse en el ministerio como medida de protesta. «Permaneceremos aquí hasta ser recibidos por alguien capaz de negociar y de tomar decisiones», aseguraron. «Para el comité de huelga el secretario de Estado de Justicia no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos. Debe ser sustituido inmediatamente como interlocutor de este Gobierno en este conflicto», comunicaron los funcionarios.

El enfado era monumental, más si cabe por la determinación personal que supone estar en paro indefinido desde hace 15 días, asistir a dos acuerdos económicos con los integrantes de los tres cuerpos superiores con los que compartes juzgado y ahora presenciar en primera persona cómo Justicia se descuelga con este inesperado portazo.

En una nota oficial difundida pasadas las 21:00 horas, el ministerio se comprometió a «retomar» las conversaciones «una vez que se constituyan los nuevos gobiernos central y autonómicos». Sobre todo para «negociar» el nuevo anteproyecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, cuya tramitación ha decaído por la disolución de las Cortes Generales a raíz del adelanto electoral. Así, ha ofrecido negociar con los sindicatos «con anterioridad al inicio de su tramitación parlamentaria, tan pronto se constituyan las nuevas Cortes y se forme un nuevo Gobierno».

Es una forma nítida de decir que tiran la toalla y pasan la patata caliente al próximo que venga. Ello pese a la responsabilidad institucional que debería suponer para cualquier ministerio pacificar un grave conflicto laboral como este. Un paro que cada día le cuesta al ciudadano y a los profesionales de la justicia miles de suspensiones de juicios o señalamientos en todo el país. Sin distinción territorial.

Pero el comunicado de Justicia no se quedó ahí. Añadió con clara intencionalidad que su propuesta había sido rechazada por los representantes sindicales, «sin mediar siquiera consulta previa a sus bases, negando cualquier opción de diálogo constructivo». Y en otra nota anterior, el equipo dirigido por Llop lamentó el «grave perjuicio que se está ocasionando a la ciudadanía y a otros profesionales del sector de la Justicia al mantener una huelga a 47 días de unas elecciones generales, en un contexto en el que se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos autonómicos, que se encuentran en funciones, y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído».

La de este martes ha sido la tercera reunión entre el ministerio y los funcionarios que se enmarca en la huelga indefinida que empezaron los trabajadores el 17 de abril con paros parciales y que endurecieron el 22 de mayo con paros totales. En el marco del parón, los funcionarios han llevado a cabo una serie de concentraciones frente a la sede de Justicia, el Congreso de los Diputados y la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Al margen de las manifestaciones, el comité de huelga ha enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que intercediesen ante el Ministerio de Justicia para retomar las negociaciones.

La semana pasada anunció que denunciarían a la ministra Llop y a su número dos ‘Tontxu Rodríguez’ ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al considerar que habían vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que habían incumplido con su «deber» de convocar al comité de huelga. Y este martes avisó que si no llegaban a un acuerdo seguirán adelante con aquella medida. Pero ahora, además, con un encierro en el mismo ministerio por la «intransigencia e incapacidad» de ‘Tontxu’ Rodríguez.