Decepción. Esta es la sensación más extendida entre buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales presentes hoy en la mesa de retribuciones con altos cargos de los ministerios de Justicia y Hacienda. Seis días después de que el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, pidiese más tiempo a los demandantes para presentar una contraoferta a cambio de retrasar la huelga indefinida -prevista inicialmente para este martes pero cambiada al final para el próximo lunes-, el Gobierno no se ha movido ni un ápice y mantiene los 46,7 millones de euros en mejoras salariales que puso encima de la mesa hace una semana, pese a que una mayoría de colectivos le transmitieron la necesidad de llegar a los 57 millones.

Este inmovilismo de los ministerios deja escaso margen para suspender los paros convocados, pese a que Rodríguez anunció a sus interlocutores que este jueves volverán a verse las caras a a las 12 de la mañana para presentarles un calendario para debatir medidas laborales concretas, según han señalado fuentes cercanas a la negociación.

En concreto, se pretenden crear grupos de trabajo para tratar aspectos como el pago de las guardias, la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la revisión de los días libres o de asuntos propios o la situación de los juzgados unipersonales en partidos judiciales poco habitados o que aumentan de forma exponencial su población en época estival.

Sobre la oferta de 46,7 millones del Gobierno, 2,2 millones más que la primera propuesta que se hizo al comenzar la negociación, el número dos de Justicia ha explicado este lunes que se mantienen los tres tamos para su ejecución: el 40% a abonar con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, otro 40% el mismo día de 2024 y el 20% restante a partir del 1 de julio de 2024. Estos 46,7 millones suponen una media de unos 500 euros brutos al mes para los 8.800 jueces y fiscales en activo, aunque la idea es que el reparto sea progresivo según las nóminas y el puesto y/o la carga de trabajo.

A falta de esta nueva reunión, la cuarta desde que se convocó la mesa de retribuciones -el órgano legal creado para negociar las subidas de sueldo de jueces y fiscales, a quienes no se les permite estar sindicados-, la huelga indefinida no solo no ha perdido fuerza sino que ha ganado enteros, admiten las fuentes consultadas, que no se explican para qué ha necesitado seis días el Ministerio de Justicia para responder si no ha habido una nueva contraoferta económica.