Desde entonces Trump ha sido imputado penalmente en otras tres ocasiones de otras tantas jurisdicciones, y ha perdido dos juicios civiles, uno por abuso sexual y difamación, y otro por fraude fiscal a bancos y aseguradoras. A estas alturas el mundo está saturado de sus problemas legales, pero el juicio penal que se abrirá a mitad de abril será el primero de la historia contra un expresidente de EE UU.

Para la imputación servía como único precedente el arresto del expresidente Ulysses Grant hace 150 años por dar riendas a su coche de caballos en las calles de Washington DC, pero aquello se solucionó con una multa de 20 dólares sin tener que comparecer ante los tribunales, como hará Trump al estrenar ese proceso en la historia.

Para el magnate se trata de un asunto de «injerencia electoral» porque la cita interferirá con sus actos de campaña, aunque hace tres semanas que no tiene un mitin. Sus abogados habían solicitado que se postergase la fecha hasta después de las elecciones, moción que les ha sido denegada. En consecuencia, el magnate acusó este lunes al magistrado de origen colombiano asignado al caso, Juan Merchan, de ser «injusto» e ir a por él por motivos políticos. «¿Cómo vamos a tener así un juicio justo?», se quejó en conferencia de prensa. «Este juez no ve la hora de meterme mano, está deseando empezar».

Se trata también, ante la opinión pública y a los ojos de muchos expertos legales, del caso más débil de los cuatro que tiene abiertos. Se le juzga por haber disfrazado de gastos legales en sus libros de contabilidad los pagos que hizo a la actriz de porno Stormy Daniels, al describirlos como pago de honorarios legales a su entonces abogado Michael Cohen, que hizo de intermediario en la transacción.

Podía haber sido también un delito de campaña, porque ése es el contexto en el qué decidió pagar 130.0000 dólares por el silencio de la actriz, que un mes antes de las elecciones iba a contar en los tabloides los detalles de la relación extramatrimonial que tuvo con el magnate, mientras su esposa Melania cuidaba del hijo recién nacido de ambos.

En la misma mañana se decidía ayer en los tribunales neoyorquinos la solicitud que hicieran sus abogados la semana pasada para que se redujera o se eliminará por completo la fianza como condición para seguir el proceso de apelación en el caso civil por fraude fiscal y de seguros, un caso aparte. El argumento era que es «prácticamente imposible» conseguir que una entidad financiera especializada en fianzas le prestase esa cantidad a un solo individuo.

«¡Trump Tower sigue siendo mía!», escribió a sus seguidores en un email masivo de recaudación de fondos. La semana antes los había acalorado con la idea de que le confiscasen el emblemático edificio donde comenzó su campaña, lo que resultó en otra dosis de recaudación de fondos. «La enorme victoria » de este lunes demuestra, según dijo, «lo absurdamente desproporcionada e indignante» que es la sentencia impuesta por el juez Arthur Engoron, quien ha presidido el caso por fraude fiscal que presentó la fiscal neoyorquina Letitia James.

La decisión llegó en el último minuto, cuando se vencía el plazo para entregar la fianza. Las más de treinta entidades financieras que dice haber consultado pocas veces se han enfrentado a casos de fianzas de esa magnitud, y cuando lo han hecho se trataba de grandes empresas internacionales que cotizan en bolsa y, por tanto, tienen acciones que poner como colaterales de liquidación inmediata.

Además, de haberlo logrado el magnate tendría que haber pagado por los 557 de dólares necesarios (120%) otros 18 millones de dólares a fondo perdido. O sea, el costo por adelantado del 2% de intereses anuales durante dos años. Todo eso, sumado a los 91.6 millones que ha tenido que poner de fianza para seguir litigando el caso de difamación que interpuso la periodista Jeane Carroll, y el coste de manejar sus negocios, hubiera requerido que el ex presidente tuviera en efectivo mil millones de dólares, según sus abogados.

El Tribunal de Apelaciones ha estado de acuerdo y ha eliminado también algunas de las restricciones que impuso el juez Engoron a Trump y sus hijos, para que durante tres años no pudieran pedir préstamos a un banco neoyorquino o gestionar ninguna empresa en el estado. La sentencia era la consecuencia de haber mentido en sus solicitudes de préstamos y pólizas de seguros, inflando o minimizando el valor de sus propiedades para conseguir tipos de intereses y pólizas más ventajosas. La liebre la levantó su exabogado Michael Cohen al declarar ante el Congreso, quien se enfrentará cara a cara con su ex jefe en los tribunales.