Un 266%. Este fue el índice de dedicación que obtuvo la jueza Beatriz Martínez, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Móstoles, tras concretar todo el trabajo que había realizado en los últimos seis meses en el sistema que tiene habilitado el Consejo General del Poder Judicial para medir la productividad de los jueces de toda España. "Sacar un 100% significa que estás rindiendo al máximo, pero la carga que tenemos es tan grande que siempre acabas haciendo mucho más. A todos nos toca trabajar por las tardes y los fines de semana; pocos compañeros conozco que no superen ese tope con creces", relata a El Confidencial. En su experiencia, los resultados por encima del 200% —o, incluso, el 300%— no son ninguna excepción, sino más bien la regla. Unas cifras que, sin embargo, chocan con la lentitud que aqueja los tribunales de nuestro país, que en ocasiones se retrasan varios años para celebrar un simple juicio.

"La sensación es de frustración generalizada porque por muy eficiente que seas, el atasco sigue ahí. Del 150% no baja nadie, y eso que el sistema no computa otras tareas, como los autos o las vistas, que ocupan mucho tiempo", detalla Teresa García, miembro del comité nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). En la misma línea se pronuncia María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrega que hay varios factores que están empeorando la situación de colapso a pesar del sobreesfuerzo de los jueces.

El primero de ellos, la huelga indefinida en que se encuentran inmersos los letrados de la Administración de Justicia, que este martes cumple dos semanas y ya ha provocado la suspensión de más de 71.200 juicios, de acuerdo con el comité que ha convocado el parón. Una cifra que aumentará teniendo en cuenta la tensión existente entre el colectivo y el Ministerio de Justicia que amenaza con llegar a los tribunales. En segundo lugar, la tendencia hacia una mayor litigiosidad. "El índice de resolución es cada más alto, pero la tasa de pendencia también es mayor. O dicho de otro modo, los jueces cada vez dictamos más sentencias, pero nos entra más trabajo", lamenta.

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Pero no solo eso. García también mira con preocupación la avalancha de jubilaciones que se prevé para la próxima década y que dejará el cuerpo de funcionarios a mínimos. De acuerdo con un estudio elaborado por la asociación, se calcula que un tercio de los jueces actualmente en activo abandonará su puesto antes de 2032, ya sea por cumplir con la edad legalmente establecida para retirarse (70 años) o por hacerlo de manera anticipada. En total, cerca de 1.800 profesionales de los de los más de 5.000 jueces que ejercen actualmente en España. Se trata de una cifra preocupante, matiza el autor del informe, Sergio Oliva, ya que las plazas que se convocan cada año siguen estables y no parecen estar enfocadas a paliar la progresiva reducción de plantilla de la judicatura.

A pesar de estas aciagas previsiones, la sensación de ambas magistradas es que tanto desde el Gobierno como de las administraciones autonómicas no existe una determinación para buscar una solución. "El problema de la administración de justicia es que no interesa. Todos critican la lentitud, pero nadie se esfuerza en encontrar remedios", asevera la de AJFV. "Es como estar en el Titanic achicando agua con un vaso", ejemplifica, por su parte, Del Barco, y agrega que en el último año se crearon en Madrid tres nuevos juzgados, cuando la realidad es que habría que incorporar un tercio más de los que ya hay.

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Multa por lento, bonus por productivo

A todo este caldo de cultivo, sin embargo, hay que sumarle otro ingrediente, y es la tensión añadida que tienen los jueces por la posibilidad de ser sancionados por el CGPJ si su juzgado acumula muchos retrasos injustificados. Para calcularlo, el órgano de gobierno suele comparar el número de resoluciones dictadas en un año con la media de la región o del país y, si está muy por debajo, abre un expediente disciplinario. A partir de ahí, investiga las causas y determina si hay infracción y cuál es la gravedad. Los castigos varían desde multas de entre 600 y 1.500 euros hasta la suspensión del juez de la carrera durante un tiempo determinado (el máximo son seis meses).

A lo largo de 2021, el órgano de gobierno de la judicatura impuso un total de 11 sanciones por motivos relacionados con dilaciones indebidas o injustificables en procesos judiciales y abrió 15 expedientes disciplinarios. Una cifra no demasiada elevada, pero que no quita estrés al día a día de los jueces. "Al final resuelves con muchísima presión. Y no debería ser así, porque estás tomando decisiones que tienen influencia en la vida de la gente, no puedes despacharlo en diez minutos. Quieres hacerlo bien, pero también tienes que ser rápido porque si no, te multan", critica García.

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Ahora bien, estas sanciones pueden acabar siendo revocadas si se prueba que los retrasos están justificados si, por ejemplo, el juez de turno muestra unos índices de productividad por encima de lo considerado óptimo. Es lo que ocurrió en diciembre de 2021 cuando el Tribunal Supremo anuló la multa de 1.000 euros impuesta a un juez de Torrelaguna por supuestos retrasos injustificados en el ejercicio de sus funciones. En la sentencia, el órgano consideró que no estaba probado que la tardanza del magistrado se debiera a una mala praxis, sino que se originó por la sobrecarga de asuntos que tenía en el juzgado. De hecho, el juez mostraba un índice de dedicación del 132% y había recibido pluses de productividad. Una sentencia que, en todo caso, pone de relieve la paradoja a la que se enfrentan los titulares de los juzgados, que se exponen a ser multados por lentos y, al mismo tiempo, premiados por productivos.

"Ocurre con mucha frecuencia", asegura Agustín Azparren, counsel de Ontier y letrado especializado en defender a magistrados en este tipo de casos. El argumento que suele esgrimir el CGPJ, explica, es que las dilaciones son indebidas porque el juez hace un criterio selectivo de los casos para resolver las cuestiones sencillas primero y dejar a un lado los asuntos más complejos, pero es una tesis que no suele prosperar. "Normalmente, incluso en esas ocasiones está justificado porque la materia es prioritaria, por ejemplo". En su experiencia, las multas acaban por ser revocadas porque los magistrados expedientados muestran índices de rendimiento por encima del 120%, que es el límite por el cual el CGPJ reconoce pluses a los jueces al considerar que su juzgado está sobresaturado.

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Por otro lado, Azparren señala que la sobrecarga de trabajo, la responsabilidad propia del cargo y la presión añadida de poder ser sancionado por lento pasa factura a muchos profesionales, que acaban mostrando un bajo rendimiento debido a la ansiedad y el estrés. "Por desgracia, es bastante habitual", lamenta.

¿Qué soluciones se plantean desde la esfera política para abordar este complejo problema? Una de las iniciativas es la Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en proceso de tramitación y que prevé una serie de remedios para aliviar el volumen de asuntos de los juzgados a través, por ejemplo, del impulso de la mediación. Asimismo, la decana de los juzgados de Madrid ve esencial la creación de más juzgados, la dotación de más medios y, especialmente, una gestión eficiente de los que ya hay, si bien admite que se trata de peticiones imposibles. No porque sean irrealizables, matiza, sino porque exigen inversión y atención por parte de la administración, y ambos elementos brillan por su ausencia en las políticas dedicadas a la justicia. "El verdadero problema de los tribunales es el desinterés", resume Del Barco.