La cruzada del Gobierno para que la banca comience a remunerar más por los depósitos a plazo se recrudece. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció este jueves que el Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con el Banco de España,un estudio que identifique posibles elementos «que estén limitando la competencia efectiva en este mercado». Es decir, que identifique las causas por las que las grandes entidades siguen sin trasladar la subida de los tipos de interés al ahorro de sus clientes, como sí han hecho ya con mayor intensidad encareciendo los préstamos.

Tras una reunión con las patronales del sector y distintas asociaciones de consumidores, Calviño dejó claro que irán un paso más allá y, tras este análisis, valorarán «si es necesario algún cambio legislativo para poder actuar en este ámbito».

Hace apenas unos días, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ya expresó la necesidad de contar con herramientas para investigar una posible situación de colusión tácita. Es decir, que los bancos se hayan coordinado de forma indirecta, a través de su propio comportamiento en el mercado. «Me cuesta mucho pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes o incrementar su cuota de mercado, salvo que uno esté plácidamente viendo que los demás tampoco», aseguraba entonces Fernández.

La banca argumenta que el actual exceso de liquidez frena esa posibilidad, indicando que ya ofrecen alternativas a sus clientes, como los fondos de inversión. Pero desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin)critican que «el perfil mayoritario en nuestro país quiere productos con capital garantizado», algo que no ocurre en los fondos.

Para malestar de la banca, la polémica en los depósitos se ha colado en un encuentro que en principio estaba destinado a analizar la evolución del nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la carga de deuda de los hipotecados a tipo variable, que en estos meses han visto como el fuerte repunte del euríbor, que cerrará junio por encima del 4%, ha encarecido de forma notable sus cuotas. El Ministerio de Economía ha propuesto a las entidades un plan para que las hipotecas a tipo variable para la adquisición de la primera vivienda se amplíe en tres años, permitiendo una rebaja en las cuotas. Pero Calviño se ha dado de bruces con la firme oposición del Banco de España y de las propias entidades a esta posibilidad. Entre otros motivos, porque el alargamiento de los plazos implica más tiempo de endeudamiento para los hogares.

Ante la reticencia del sector a tocar el actual código para ampliar la base de beneficiarios, también por niveles de renta, ambas partes se han citado para volver a analizar la situación.

De mometno, en los cinco meses desde la puesta en marcha del nuevo código las entidades han recibido 33.000 solicitudes de adhesión, de las que 19.000 corresponden al antiguo vigente desde hace años. La cifra ha evolucionado al alza desde las 9.000 que se contabilizaban en marzo, pero siguen muy lejos del millón de familias que en un principio se apuntó como posibles beneficiarias de medidas como la congelación de cuotas o la extensión de los vencimientos, así como la conversión gratuita de los préstamos de tipo variable a tipo fijo.

«Los datos son muy provisionales, porque un 40% de esas solicitudes está aún en tramitación», insistió Calviño. Es decir, muchas de ellas aún no se han aprobado.

El propio Banco de España aludía recientemente a que muchos hogares están tirando del ahorro generado en la pandemia para amortizar sus préstamos. En estos cinco meses, se han refinanciado 29.000 hipotecas fuera del código de buenas prácticas, un 139% más que en el mismo periodo del año anterior.